La huelga de togas mantiene dividida a la opinión pública andaluza. Aunque el trabajo de campo del Barómetro Joly Andalucía se efectuó una semana antes de la jornada de paro convocada el pasado 18 de febrero, lo cierto es que las opiniones estaban muy definidas entonces ante esta amenaza de los jueces de protestar por la necesidad de mejoras en la administración de Justicia. A partes casi iguales, los andaluces evidencian posiciones encontradas: los que abogan porque los jueces, como cualquier ciudadano, tienen derecho a la huelga representan un 49,7%, y los que, como poder del Estado que son, se la deniegan llegan al 43,3%.

Las opiniones en este caso presentan un sesgo significativo en función de la edad de los encuestados. Los más jóvenes se muestran más proclives a reconocer un derecho a un colectivo al que, hoy por hoy, la Constitución española no lo considera. Una realidad que incluso llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a no reconocer la reciente convocatoria de paros por esa carencia de soporte legal.

En un abrumador porcentaje del 73%, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que se inclinan a favor de los jueces que decidieron dejar juicios pendientes. No les fueron a la zaga los de entre 25 y 34 años, que mayoritariamente, un 56,8%, respaldan su posición, y aunque menos, también reciben el apoyo del 54% de los encuestados de entre 35 y 44 años. A partir de esa edad, la tendencia se invierte por completo, negándose al este poder del Estado este derecho. La polarización de las opiniones también tiene signo político. Y aunque la balanza está bastante equilibrada, los socialistas se inclinan por el no a la huelga, mientras los populares apuestan más por el sí.