La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena (Córdoba) ha imputado a la familia de la argelina Mimouna Bachir Mokhtar por un presunto delito de detención ilegal contra ella para llevarla hasta un campo de refugiados de Tindouf. Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, ayer se produjo el levantamiento parcial del secreto de las diligencias, después de que el letrado del novio de la joven lo solicitara a finales del pasado mes de agosto tras denunciar en Lucena la desaparición de Mimouna. El 11 de agosto, el novio, Pablo Miranda, presentó una denuncia en la Policía Nacional, por la que la jueza inició diligencias y tomó declaración al padre de la hija, quien manifestó entonces que "ella estaba en Argelia, en los campamentos saharauis, a los que se había desplazado por su propia voluntad para visitar a un familiar". La relación entre estos dos jóvenes comenzó hace más de un año y medio y para poder verse, "ella tenía que engañar a su padre porque no quería que mantuviese relaciones con personas ajenas a su círculo", comentó Pablo. De hecho, destacó que en una ocasión ella le dijo que tenían que dejar la relación porque no iba a ser aceptado por su familia, procedente de los campamentos saharauis de Tinduf, al tiempo que le dijo a sus amigas que un hombre, también de nacionalidad argelina había estado en su casa y que se trataba "del novio que su padre había elegido para ella".

Además, según explicó Pablo Miranda y su letrado, alrededor del mes de abril de 2007, Mimouna salió un día de casa "tras haber recibido una paliza de su padre", por lo que se alojó en un hotel de Lucena durante tres días. Luego, se trasladó a vivir a Córdoba y los fines de semana los pasaba en la casa de su novio en Encinas Reales (Córdoba). Afirmaron que en la semana de la desaparición, un día que durmió en la casa de sus padres, "le quitaron el pasaporte" y el 9 de agosto recibió una llamada de su hermano diciéndole que tenía que ir a ver a su madre porque estaba muy enferma. Entonces, se desplazó a Lucena y a partir de ese momento su móvil dejó de estar operativo.

Por su parte, la jueza elaboró el pasado 8 de enero una comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que tal como señala también hoy el periódico El País tiene como objeto que la autoridad judicial que corresponde a la ciudad de Tindouf, en los campamentos saharauis, facilite a Mimouna Bachir la posibilidad de viajar a España para comparecer como perjudicada. Asimismo, pide a las autoridades argelinas que interroguen a la madre y a los dos hermanos, que también se cree que puedan estar en el campamento de Tinduf. En la comisión rogatoria, la jueza envía a las autoridades argelinas un listado con preguntas para que realicen a los hermanos y la madre, tales como "¿quién decidió que Mimouna debía viajar a Argelia?, ¿viajó en contra de su voluntad?, ¿amordazaron y pegaron a Mimouna para poder trasladarla hasta Alicante y salir con ella de España?, ¿quién la amenazaba con una navaja cuando estaba sentada en el coche para embarcar en Alicante?, ¿tiene libertad para salir del país o no se lo permiten ustedes?, ¿por qué le han prohibido a Mimouna contestar a las llamadas telefónicas de la Policía española?, ¿por qué no ha acudido Mimouna a la cita que tenía en el Juzgado de Lucena el 8 de enero de 2009?, ¿cómo salieron de España, por qué Aduana y en qué medio de transporte?".

El motivo de esta solicitud que hace la jueza "tiene como finalidad averiguar las circunstancias que concurren en la desaparición de Mimouna de territorio español, existiendo indicios fundados de que abandonó el país en contra de su voluntad, siendo forzada directamente por sus familiares, su madre y sus hermanos, habiendo utilizado con ella la violencia física. Todo ello previo acuerdo con el padre de Mimouna, que aún se encuentra en España", según detalla el escrito.

En la exposición de los hechos, la jueza señala que "se tiene conocimiento de que Mimouna salió de España en barco desde el puerto de Alicante, en dirección al Sahara obligada por su familia. Allí se encuentra sin posibilidad de salir libremente, habiendo manifestado su voluntad de volver a España". Según añade, este hecho podría constituir un delito contra la libertad, castigado en el artículo 163 del Código Penal español vigente con pena de prisión de cuatro a seis años, y dado el tiempo transcurrido desde la detención, 10 de agosto de 2008, con pena de prisión de cinco a ocho años.