La comunidad autónoma andaluza carece de una ley de inclusión social. Mejor dicho, cuenta con ella, pero no está aprobada. Lo que equivale a decir que no la tiene. ¿Por qué? No hay financiación. Es la explicación del Ejecutivo andaluz. O al menos no la hay para el fondo y la forma con que la Administración quisiera verla funcionando: a la manera de la ley de dependencia. Así que la ley de inclusión social, por el momento, hiberna dentro de un cajón.

Lo que persigue la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y concretamente la Dirección General de Servicios Sociales, es poder dar a luz una ley que incluya la renta básica como un derecho adquirido. La directora general de Asuntos Sociales, Ana María Gómez, considera que "eso es fundamental", reconoce las demandas que hacen organizaciones no gubernamentales como Cáritas o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e insiste a la vez en que su departamento, en ese sentido, y a pesar de la crisis, "no ha recortado ni un euro en la atención a las personas y sí en lo accesorio y en lo prescindible. ¿Hay que organizar menos jornadas y seminarios? Pues se hace. ¿Son más modestas y en menor número las publicaciones con respecto a otros años? Pues sí. Pero en atención social seguimos igual, no hemos escatimado ni un euro", asegura.

No es esa la corriente de opinión que fluye en la APDHA. El coordinador del Área de Marginación, Pablo María Fernández, denuncia que la solución del problema del sinhogarismo "jamás ha sido prioridad para ningún gobierno". No se refiere sólo al Ejecutivo socialista que manda en la Junta. Pone un ejemplo: el chabolismo y el Ayuntamiento de Sevilla, por cuya Alcaldía han pasado PSOE, PP y PA. "Ninguno ha acabado con el problema. Ha habido tentativas estériles auspiciadas por motivos urbanísticos, pero nada más. Jamás se ha atacado el problema de raíz, sólo a golpe de talonario". Con los sin techo, recuerda Fernández, ni eso.

En Cáritas, donde se muestran de acuerdo con la naturaleza de la ley de inclusión, su secretaria del comité regional de Andalucía, Auxiliadora González, lamenta que las ayudas de la Administración a la organización, volcada con los sin techo, "están muy por debajo de lo que debería ser".