El juez Baltasar Garzón aduce que el delito de detención ilegal sin informar del paradero de la víctima es permanente y que los crímenes contra la humanidad no pueden amnistiarse en apoyo a su decisión de investigar la suerte de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. El magistrado atribuye a la dictadura del general Francisco Franco un plan de exterminio similar al que llevaron a cabo los nazis. La Fiscalía se muestra en contra. ¿Por qué? Porque considera que la Audiencia Nacional “no es competente” para investigar esos hechos y además estima que los delitos prescribieron con la Ley de Amnistía de 1977.

Enfrente, Garzón se declaró ayer competente para investigar las desapariciones durante el conflicto bélico y la dictadura franquista, lo que supone el primer paso para esclarecer la suerte de más de 100.000 personas, cuyos restos se encuentran enterrados, en su mayoría, en fosas comunes. Con su decisión, el magistrado responde a 22 denuncias hechas por asociaciones de familiares de toda España desde diciembre de 2006.

Garzón aclara en su auto que “no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil”, sino que considera que la acción de la Justicia debe “desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos”. Este respeto, según el juez, se extiende a los miembros de amabos bandos “con indepencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos”.

Garzón, que archivará la causa si certifica de forma oficial que los principales responsables de las desapariciones y asesinatos han muerto, justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que tras un “examen imparcial y sereno de los hechos” considera que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos. “No aconteció lo mismo respecto a los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado”.

Ahí enmcarca el juez los motivos que le llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos en Paracuellos (Madrid), donde perdieron la vida miles de prisioneros del bando republicano. “Estos hechos ya se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas”, indica Garzón, que explica además que esta investigación no correspondía a la Audiencia Nacional, sino a jueces locales, porque los fusilamientos de Paracuellos no atentaron contra altos organismos de la nación.

El Partido Comunista de España (PCE) calificó el auto de Garzón como “un paso importante para la reparación de la justicia y de la memoria histórica” y tildó de “inmoral” la intención de la fiscalía de recurrirlo. Para el PCE, es “imprescindible” el resarcimiento judicial, moral y económico de las víctimas del franquismo y sus familias, la condena al golpe de Estado “fascista” del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno de la República y la atribución de la responsabilidad de los crímenes a altos cargos de la dictadura franquista.

El vicesecretario general de la Falange Española y de las JONS, Jorge Garrido, anunció que su formación estudia medidas lergales y acciones de protesta para “limpiar” su “buen nombre”.