Huelva se lanzó a la calle desde el corazón y al unísono, sin redes sociales. La ola de solidaridad con Juan José Cortés e Irene Suárez, padres de la pequeña Mari Luz (desaparecida el 13 de enero de 2008), se extendió a pueblos, contagió a la práctica totalidad de los rincones de España y llegó a medio mundo.

En aquellos días de incertidumbre, aún no había viso alguno de que el caso Mari Luz provocaría una sacudida sin precedentes que llegaría a poner contra las cuerdas al sistema judicial español, destapando vergüenzas hasta levantar ampollas. Era inimaginable que el crimen incluso acabaría llamando a las puertas de La Moncloa y reformando leyes.

En la proximidad, a poco más de 100 kilómetros, en el corazón del Algarve (Portugal) continuaba la búsqueda de la que hasta ese momento había sido la desaparición (mayo de 2007) más extraña y mediática de una menor, la de la niña británica Madeleine McCann, a la que se le perdió la pista en el mismo hotel en el que se alojaba con sus padres y dos hermanos pasando unas vacaciones. El caso que se vivió casi en directo continúa todavía vivo: sin la localización de la pequeña y sin detenciones.

Aún no se conocía la serenidad, el poder de movilización y el carisma de uno de los principales afectados por el crimen de Mari Luz, su padre, Juan José Cortés, el hombre sin lágrimas tan admirado e incomprendido entonces por su entereza, como criticado a la vuelta de estos años. El padre coraje se reharía después en ciudadano Cortés, ejemplo de muchos y para muchos, hasta que dejó su militancia en el PSOE para dar otro paso en la política y situarse junto al PP como asesor en materia de Justicia.

Al lado de Cortés, como una sombra a la que la tragedia le arrancó la voz además de las entrañas, la mujer que cinco años antes había parido a Mari Luz, Irene Suárez, la madre.

En la lejanía, casi escondido en la memoria de los onubenses, el brutal asesinato de la niña Ana María Jerez Cano (1991). De nuevo la pederastia. Y Cortés abanderaría una lucha a la que sigue aferrado.

La búsqueda, por tierra, mar y aire resultó infructuosa. El cuerpo sin vida de la pequeña apareció (7 de marzo de 2008) flotando en la ría de Huelva a los 54 días de su desaparición en la barriada de El Torrejón, donde vivía junto a su familia y a escasos metros de la casa de Rosa y Santiago del Valle, en la que también residía la mujer del pederasta, Isabel García. Desde el mismo momento de la desaparición de Mari Luz, la anónima Plaza Rosa de la barriada onubense saltó a las primeras páginas de los diarios y televisiones y se convertiría en destino del peregrinaje de cientos de voluntarios, curiosos y medios de comunicación.

El hallazgo del cadáver de la pequeña cerraba la fase más dura para la familia Cortés, mientras se abrían dos frentes: los investigadores apretaban las tuercas al triángulo formado por el matrimonio Del Valle y la hermana del pederasta y, en paralelo, sin saberlo, se abría el capítulo de la indignación y la vergüenza en el sistema judicial.

En la mañana del 25 de marzo, el equipo de la Policía Judicial de Huelva que llevó a cabo la investigación detenía en la estación de autobuses de Cuenca a Santiago del Valle, a su mujer y a su hermana Rosa. Dos días después, cuando los hermanos fueron trasladados a Huelva para prestar su primera declaración ante el Juzgado de Instrucción 1, a las puertas del Palacio de Justicia y en sus alrededores se asistía a una batalla campal. Fue el día de la ira.

Aquel mismo 27 de marzo se conocía que una cadena de errores judiciales, la lentitud de la Justicia y los fallos en la tramitación para ejecutar una sentencia habían mantenido en la calle al pederasta, cuando debía haber estado encarcelado aquel enero de 2008. Del Valle tenía una condena en firme del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla de dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, precisamente cuando tenía la misma edad que Mari Luz. La condena no se había ejecutado porque el pederasta se encontraba supuestamente en paradero desconocido. La clase política se daba golpes de pecho y apuntaba en la dirección del juzgado.

El titular del Penal 1, Rafael Tirado, que no inició la ejecución del fallo definitivo hasta 2006, y no dictó orden de busca y captura, fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a una sanción de 1.400 euros. La secretaria del órgano judicial, Juana Gálvez, era suspendida de empleo y sueldo por seis meses.

La cadena de fallos judiciales que se destapó a raíz del caso Mari Luz, hizo saltar por primera vez a la magistratura e incluso en Huelva hubo un plante, la primera rebelión judicial, para denunciar la falta de medios y avisar que en cualquier momento podía saltar una situación similar.

Antes incluso de que se conocieran las multas a los responsables de que Santiago del Valle no ingresara en tiempo en la prisión, Cortés movía piezas para conseguir el endurecimiento de las condenas a los pederastas y ponía en marcha, junto a su padre y a su hermano Diego una campaña de recogida de firmas por todo el país en demanda de la cadena perpetua revisable para este tipo de delitos.

A pesar de los incontables apoyos incondicionales que el padre de Mari Luz encontró en las filas del Partido Socialista en el que militaba, en esta campaña se llevaba un desengaño: la Diputación no le dio su apoyo para la petición de la cadena perpetua. Aquel no era el primer disgusto que le daba su partido político.

Con el paso del tiempo, nunca en caliente, Cortés ha llegado a relatar el varapalo que sufrió cuando, con el cuerpo de su hija casi presente, sin poder tragar el dolor, el que entonces era secretario general de los socialistas en Huelva, Javier Barrero, le recordaba en voz baja -según su versión- que las urnas estaban esperando a la vuelta de la esquina, que era momento de votar. Pastor de la Iglesia Evangélica y gitano de raza un barrio como El Torrejón, Cortés movilizaba.

La caravana pro cadena perpetua que puso en marcha la familia de Mari Luz Cortés para solicitar el endurecimiento de las condenas a los delitos sexuales contra menores recorrió España de una esquina a otra, de Norte a Sur durante 34 días consecutivos. Durante este tiempo, se recorrieron 4.200 kilómetros, con un total de 26 provincias visitadas, en las que se recogieron más de un millón de firmas de apoyo. La caravana finalizó en el mes de junio pero los familiares de Mari Luz Cortés continuaron con la campaña 'Por una Justicia justa' de recogida de apoyo a través de internet. Para septiembre de aquel año, la familia de la víctima había conseguido un total de 2,3 millones de firmas, que fueron entregada al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En aquel encuentro, el matrimonio Cortés-Suárez arrancó el compromiso a Rodríguez Zapatero de endurecer las penas. Y el compromiso se materializó. En este mismo encuentro, el padre de Mari Luz llegó a contar al presidente del Ejecutivo el supuesto episodio que meses antes había tenido con Barrero.

La batalla que emprendió el padre coraje tras el crimen de su hija, un camino plagado de críticas sobre la finalidad que los Cortés dieron al dinero que consiguieron para financiar la búsqueda de su hija, comenzó a dar resultados. En junio de 2008, el Congreso de los Diputados aprobar la creación de un específico de pederastas, al que sólo tienen acceso las autoridades judiciales y las Fuerzas de Seguridad, para evitar otro caso Mari Luz.

El Consejo de Ministros aprobó a finales de ese año el anteproyecto de ley que venía a modificar la Ley Orgánica del Código Penal de 1995, incluyendo como novedades el endurecimiento de penas para terroristas y pederastas así como mayores medidas de control tras su salida de prisión. Con esta reforma, se creaban delitos específicos de "abusos y agresiones sexuales a menores" y se introducía una agravante, penada con hasta 15 años de prisión, cuando el agredido se encuentre en una situación de total indefensión derivada de su escaso desarrollo intelectual y físico y, en todo caso, cuando sea menor de 4 años.

En marzo de 2010, saltaba la ruptura definitiva con el PSOE (Cortés se daba de baja en el partido) y comenzaban a lloverles los noviazgos políticos. El primer affaire le llegó de la mano de la formación de Rosa Díez en Huelva, UPyD, con la que hubo flirteo para encabezar la lista a las municipales de este año. La relación finalmente no cuajó.

Poco después, llegaba la confirmación de su incorporación como asesor del Partido Popular en temas de Justicia, para trabajar en principio en la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado diciembre. El salto a la política de la mano del PP lo situó en el centro de la diana, con críticas de algunas voces y decepciones para otras. Su respuesta siempre ha sido, cuestionada o no, que mantiene la lucha en memoria de su hija.

Los altibajos y cambios de dirección han marcado el comportamiento de Juan José Cortés en los meses previos al juicio (se celebrará el miércoles). Primero hizo llegar a las defensas una propuesta de pacto para evitar el juicio, que cayó en saco roto. Aquel primer intento se producía en el verano de 2010. Posteriormente, ya en la cuenta atrás y en otra vuelca de tuerca pidió el retraso de la vista -al menos hasta la primavera- alegando una crisis familiar. El último volantazo lo daba un mes antes del juicio, cambiando de abogado por discrepancias con la letrada que ha seguido toda la instrucción.

El hombre que dejó a España con la boca abierta por su serenidad y entereza ha evitado enfrentarse a la realidad durante tres años. Por miedo. Juan José Cortés atraviesa ahora el luto por su hija del que ha estado huyendo a toda costa.