¿Qué puede llevar a una joven investigadora a interesarse por la enrevesada financiación autonómica? "Se trata de un tema fundamental para la función pública y este trabajo puede contribuir a conocer mejor lo que es el sistema de financiación", desea María Dolores Reina, licenciada en Derecho. La autora del estudio ha revisado desde una lectura jurídico-constitucional el modelo vigente por el cual el Gobierno reparte el dinero a las comunidades autónomas para garantizar los servicios públicos básicos.

La investigación, que le ha llevado dos años bajo la batuta de José Vallés, catedrático de Política Económica en la Universidad de Sevilla, ha tenido éxito: fue evaluado favorablemente por el tribunal con una calificación de sobresaliente y hace unas semanas recibió una mención especial en los Premios Blas Infante que concede el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

¿Qué viene a aportar el análisis, justo en un momento en que el Gobierno ha paralizado unas semanas la negociación del nuevo modelo? El estudio incide en la necesidad de que se produzca un cambio en el sistema vigente desde 2001 por las "desigualdades" detectadas y con tres premisas que guíen su rumbo: solidaridad, multilateralidad y equidad, detalla la investigadora.

La aprobación del Estatuto catalán en 2005 inició una saga de reformas estutarias -Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Valencia y próximamente Castilla-La Mancha- que han forzado el cambio de un sistema que, además, se encuentra con un marco inicial ya "sobrepasado". "Vivimos en otra realidad, la población ha variado muchísimo", aporta Reina. "Ocho o diez años en economía es un periodo muy largo, de aquella etapa de salida de la crisis de los 90 a pasar a la economía del euro", completa Vallés.

La revisión del actual sistema de financiación realizada por Reina detecta carencias. Una, la escasa autonomía financiera de las comunidades, con un porcentaje inferior en la cesión de tributos a la media de los gobiernos de otros países federales, a lo que suma una "insuficiente" capacidad normativa para la gestión de esos tributos. Y dos, las comunidades sólo gestionan el 5% de los ingresos impositivos del sistema fiscal español, "recibiendo con un retraso de dos años el importe de esa liquidez impositiva", anota Reina. Se genera entonces un doble desequilibrio: vertical, donde el Gobierno infravalora el coste de los servicios y horizontal, entre las diversas autonomías.

Las conclusiones del estudio hacen un llamamiento para que se transfieran los recursos necesarios a las comunidades y se les dote de autonomía financiera, y también reclaman "que se establezcan instrumentos para eliminar las desigualdades territoriales y de coordinación para que la gestión descentralizada sea más eficiente".