Los alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía podrán seguir faltando a clase hasta que haya una decisión judicial firme, según organizaciones de padres católicos y centros de enseñanza privada, que piensan recurrir la sentencia del Supremo "hasta la misma ONU".

Así lo han afirmado en una rueda de prensa conjunta, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, los portavoces de las asociaciones de padres de alumnos Concapa y Cofapa, la patronal de la enseñanza privada CECE, el Foro Español de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazte Oír y los centros de enseñanza universitarios San Pablo CEU.

El Supremo ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pero según la interpretación de los padres, la sentencia "sólo afecta a los cuatro casos concretos" vistos por los magistrados.

"Nada cambia salvo para los cuatro casos analizados por el Supremo; todos los padres que tengan cobertura administrativa o judicial pueden perfectamente impedir a sus hijos entrar en clase", ha afirmado el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco.

Los padres que decidan seguir prohibiendo a sus hijos asistir a estas clases "no están cometiendo ninguna ilegalidad o acto nocivo para sus hijos", ha apuntado Blanco, quien ha subrayado que en las notas escolares "no serán evaluados, pero tampoco suspendidos", por lo que no puede afectar a su expediente académico.

Blanco ha restado importancia al llamamiento de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, a todas las administraciones educativas para que actúen de acuerdo con la sentencia del Supremo ya que "la ministra no puede dar ordenes a las Comunidades Autónomas". Además, la conferencia sectorial de Educación "no puede cambiar la Constitución ni los Derechos Humanos; eso está por encima de la palabra hueca de la ministra", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha reafirmado la determinación de todos los objetores de acudir al "incidente de nulidad" en el propio Supremo para, a continuación, pedir amparo al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso la comisión de Derechos Humanos de la ONU si fuera necesario. "Esta asignatura se entromete en asuntos de hondo calado moral que la Constitución otorga a los padres", ha argumentado antes de opinar que lo ocurrido "no es más que una escaramuza, un paso más en una batalla que será larga". Urcelay ha insistido en que antes de tomar una decisión será preciso conocer el contenido exacto de las cuatro sentencias que, en su opinión, "van a estar llenas de matices y abren caminos y posibilidades".

No obstante, los padres y centros que cuestionan el contenido de la asignatura han subrayado que "todo esto se podría haber evitado y todavía se puede evitar si el Gobierno se sienta a negociar y buscar unos contenidos aceptables para todos".