sanidad

El tortuoso camino hacia la interinidad

  • El proceso de estabilización de los eventuales del SAS alcanza su recta final con la oposición de dos sindicatos y la necesidad de avanzar con una oferta de empleo público.

Médicos y enfermeros del SAS durante una operación en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

Médicos y enfermeros del SAS durante una operación en el Hospital Infanta Elena de Huelva. / emilio de la rosa

Hay una enfermera del Hospital Universitario de Madrid que le ha echado un cable, como mínimo, a 13.587 trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía. María Elena Pérez López, que así se llama, denunció al Servicio Madrileño de Salud ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque consideraba que su labor no era propia de un trabajador eventual. Los jueces de Luxemburgo le dieron la razón e impugnaron una práctica habitual de las administraciones públicas españolas desde que comenzó la crisis económica: cubrir con contratos eventuales puestos de trabajo estructurales.

El Servicio Andaluz de Salud no era una excepción. Antes de la crisis tenía en plantilla a unos 6.000 eventuales -entre el 8% y el 10% de sus trabajadores-, desvela Celia Gómez, directora general de profesionales del SAS. "Era una tasa técnica. Las jubilaciones que se producen sobre la marcha no se pueden cubrir de forma inmediata", explica. La situación cambió con la crisis económica. Varios años sin oposiciones y con una tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno central en 2012 multiplicó el número de empleados hasta alcanzar los 14.000.

En la Administración autonómica, garantiza Gómez, hacía ya tiempo que estaban decididos a cambiar el modelo en busca de una mayor estabilidad en el empleo del sector sanitario, pero parece que la sentencia de Luxemburgo sirvió de catalizador. Susana Díaz anunció a bombo y platillo un plan de interinización de hasta 15.000 eventuales del SAS que logró el apoyo de tres de los cinco sindicatos mayoritarios en la mesa de Sanidad: CCOO, UGT y el Sindicato Médico Andaluz.

"El proceso es satisfactorio con incidencias locales que se están resolviendo", apunta el secretario de Salud de la federación de empleados públicos de UGT, Antonio Macías. "No podíamos no firmarlo", explica Andrés Jiménez, del Sindicato Médico Andaluz, que justifica su adhesión al pacto por el alto número de beneficiarios -"unos 5.000 facultativos"- y porque significaba cumplir con una sentencia judicial. José Antonio Aparicio, secretario general de la federación de sanidad de CCOO, también defiende la iniciativa aunque se queja de ciertas dilación en su aplicación.

El acuerdo se rubricó el 29 de diciembre del año pasado y a fecha de 30 de junio había 12.537 profesionales que ya habían abandonado la interinidad. Otros 1.050 tenían el expediente de nombramiento "en marcha" a falta de que la Intervención General de la Junta avalase el procedimiento. Aparicio menciona la incorporación de otros 3.500 trabajadores al SAS tras las vacantes creadas al aplicar la jornada de 35 horas entre los empleados públicos andaluces, una decisión recurrida ahora por el Gobierno central. "Pero también hubo dificultades para determinar qué requisitos debían cumplir" los trabajadores que pasarían de eventuales a interinos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los beneficiarios son aquellas personas que, en un periodo de dos años, hayan prestado un servicio estructural en el mismo centro durante doce meses. Los propios centros del SAS fueron los encargados de decidir quiénes estaban incluidos en el pacto y adquirieron -o están en ello- la categoría de interino. Y ese proceso es lo que motivó la negativa del CSIF, el sindicato que, junto con el Satse, rechazó el acuerdo anunciado por Díaz en el Parlamento.

"Cada centro lo interpretó de forma diferente y se ha quedado fuera gente que estaba en la bolsa", revela Eloísa Bernal, responsable del sector sanitario en CSIF, que critica el "desconcierto" inducido por el procedimiento de interinización y la "premura" con la que se lleva a cabo. Sin embargo, la Junta defiende que hubo un comité que comprobó que las elecciones de cada centro cumplían los requisitos. "Ha sido un cúmulo de despropósitos", responde Bernal, que apuesta por que las plazas se adjudicaran mediante el sistema de bolsa única existente, "que respeta los criterios de igualdad, méritos y capacidad".

Los tres sindicatos que avalaron el pacto con el SAS entienden que se trata de una situación excepcional, lo que justifica el proceso seguido, pero entienden que la voluntad de estabilización de la Junta debe seguir adelante con la convocatoria de una oferta pública de empleo masiva. El objetivo es convertir en fijos a los interinos, puesto que la tasa de temporalidad sigue siendo extremadamente alta. Y en la Junta están por la labor, aunque pretenden ir de la mano del Gobierno central y el resto de regiones, lo que puede provocar que se dilate el proceso. "No sabemos si será en 2018, 2019 y 2020", reconoce Celia Gómez. "Es una falta de valentía", contesta el ugetista Antonio Macías, que añade: "Los ciudadanos tienen que tener siempre al mismo médico. No pueden estar cambiando siempre".

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