A finales de julio, un año más, los familiares y descendientes de casi 4.000 personas que fueron fusiladas en la tapia del cementerio de Granada colocaron una placa de homenaje a estas víctimas. La semana pasada, el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, la retiró al "no estar autorizada". El gobierno local alega que el cementerio dispone de un conjunto escultórico que homenajea "a todas las víctimas", pero los familiares no consideran representativa la obra. Es el cuarto año de la misma ceremonia con idéntico final. Pero no se repetirá más.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer un decreto que recoge la figura de los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, definidos como aquellos enclaves vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la Guerra Civil española y la Dictadura franquista. La administraciones locales estarán obligadas a garantizar su permanencia y, si hubiera alguna variación de importancia en el lugar, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.

En el caso de que la propiedad sea privada, la Junta fomentará la firma de acuerdos con los titulares para alcanzar los mismos fines. En los primeros borradores de este decreto, también se abría la posibilidad de negociación con las entidades locales, aunque finalmente la Junta ha optado por una posición más tajante que obliga a los ayuntamientos a preservar estos lugares.

A nadie escapa que una de las pretensiones de la Administración autonómica, gobernada por el PSOE, pasa por airear una vez más su homenaje a las víctimas de la represión franquista y comprometer de nuevo la ambigua posición que mantiene el PP en este recuerdo.

De hecho, ayer, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez Rubio, se apresuró a informar en un comunicado de que la tapia del cementerio de San José de Granada es uno de los enclaves de la provincia susceptibles de ser declarados Lugares de Memoria. Otros serían El Barranco del Carrizal de Órgiva o el paraje ubicado entre Víznar y Alfacar, en los que se cree enterrado, entre otros miles de represaliados, al poeta Federico García Lorca. Las primeras declaraciones, que corresponderán al Consejo de Gobierno, podrían conocerse dentro de unas semanas, probablemente durante el acto del 75 aniversario del fusilamiento de Blas Infante, según comentó a los periodistas el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho. Dos o tres de estos enclaves se aprobarán antes de final de año. Los ayuntamientos estarán obligados a identificar dichos lugares con un monolito o algún tipo de señalización, con independencia de la voluntad de cada partido.

La declaración conllevará un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.

El inicio del procedimiento de declaración es competencia del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia. Un grupo de siete expertos estudiará la propuesta y emitirá un informe de carácter vinculante. La Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo también deberá pronunciarse.