El acuerdo entre la Junta y los sindicatos en el ya de por sí enrarecido escenario de la función pública es inalcanzable. Si el sector respira desde su reordenación un ambiente de crispación, el recorte salarial a los empleados públicos anunciado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública dentro de su plan de austeridad ha sido la gota que ha hecho colmar el vaso. ¿Había alguna posibilidad, ayer, de al menos suavizar las tensas relaciones entre el Ejecutivo y sus trabajadores en el marco de la mesa general de la función pública?

Ninguna. Y así fue. El Gobierno de José Antonio Griñán ha cerrado a cal y canto cualquier resquicio por el que pueda colarse una fórmula, propuesta por los sindicatos, a la bajada de los sueldos de los empleados públicos. No hay alternativa posible al tijeretazo anunciado el martes pasado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Como desde ese día se han encargado de propagar distintos miembros del Ejecutivo -su vicepresidente, Diego Valderas, entre ellos- y portavoces cualificados del PSOE, el hachazo a las nóminas de funcionarios, personal laboral, interinos y eventuales de la Administración autonómica es "sí o sí". Sin condiciones.

Ayer, tras la cita entre Junta y sindicatos, la primera lo dejó claro a los segundos con su rechazo a la petición de las centrales de utilizar otras vías alternativas a la bajada de las retribuciones salariales para ajustar el plan de austeridad. De manera que el enfrentamiento está servido, porque los representantes de los trabajadores (CSIF, CCOO y UGT) también se opusieron de plano a unas medidas que "no se han consultado con los agentes sociales" y que persiguen que la lucha contra el déficit "la soporten los empleados públicos".

Los sindicatos aprovecharon el encuentro con la Administración para volver a insistir en su defensa de los servicios públicos "sin perder un ápice de cuantía ni de calidad". Las centrales también exigieron a la Junta un debate previo y de mayor calado, al tiempo que mostraron su rechazo a unos ajustes que "sólo traen ruina a Andalucía, merman los servicios públicos y la calidad del empleo".

Los representantes de la Federación Andaluza de Sindicatos Independientes de Sanidad, Función Pública y Sanidad -entre los que se encuentra Safja, con representación en la mesa de la función pública- fueron vetados y no pudieron participar en la reunión. Todos ellos aprobaron hacer un frente común y, entre otras medidas, desarrollar movilizaciones contra el recorte.