La Junta de Andalucía ha solicitado que no se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el "catálogo" de medidas remitidas por el Ministerio de Hacienda sobre la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público autonómico. Dicha petición ha sido cursada a través del documento remitido por la Consejería de Hacienda, en el que se recoge la posición de la Comunidad andaluza sobre la propuesta de medidas para la racionalización del gasto remitida por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. "Andalucía no materializará ninguna de las medidas de recortes que se recogen en el texto. Es el momento de empezar a suavizar los efectos de la crisis y la consolidación fiscal sobre los ciudadanos", señala el documento enviado por la Junta.

El Gobierno andaluz asegura que está dispuesto a "seguir colaborando" con el resto de administraciones para "arbitrar" medidas que signifiquen una reducción de gastos operativos no vinculados a servicios públicos fundamentales, pero rechaza el "catálogo" remitido por el Ministerio porque "no es una recopilación de medidas para mejorar la eficiencia". A juicio de la Junta, muchas de las medidas del catálogo suponen "recortes de prestaciones, derechos o aumento de la contribución de la ciudadanía", a lo que se suma el "agravante" de que el documento remitido por el Ministerio de Hacienda "no contiene ninguna propuesta enviada por Andalucía". "El principio de lealtad institucional no se puede quebrar con la intención de imponer la voluntad de una administración sobre otra", subraya el escrito de la Junta, que agrega que "en todo caso, se deberían tratar como recomendaciones o sugerencias que se sometieran a la voluntad de cada uno de los gobiernos".

Andalucía está "radicalmente en contra" de las medidas que suponen un aumento de las cargas para los usuarios de los servicios públicos, al tiempo que rechaza el apartado de medidas que "recortan servicios, prestaciones o derechos de la ciudadanía". También se opone a las propuestas que "fomentan" la privatización de servicios o "favorecen" al sector privado en detrimento de lo público, al considerar que incrementan la desigualdad. Asimismo, se opone a las medidas que suponen una recentralización de competencias y advierte de que si el Gobierno central quiere eliminar duplicidades "debería comenzar por eliminar los organismos de la Administración del Estado que se dedican a asuntos que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas".

Rechaza igualmente las medidas que suponen una "alteración" de las condiciones laborales de los empleados públicos, frente a lo que apuesta por "ir progresivamente recuperando derechos perdidos". En cuanto a las medidas no singularizadas que pretenden conseguir una mejora de la eficiencia, la Junta asegura que "una parte muy importante de ellas" ya se vienen aplicando. "En conclusión, valoramos negativamente el documento remitido por el Ministerio porque se trata de recortes y no de medidas de eficiencia", concluye el escrito.