Fraude en la formación

Alaya arrebata a la Policía la investigación de los cursos y se la entrega a la Guardia Civil

  • Considera que la UDEF está poniendo "en peligro serio" las pesquisas. Declara "testigo protegido" al funcionario Teodoro Montes y prohíbe a los medios que difundan su imagen.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación, ha dictado un nuevo auto en el que dirige un oficio al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, al que ordena que deje de investigar los hechos relacionados con los cursos de formación para que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que lleve a cabo dicha investigación.

En el auto, Alaya dirige el oficio al responsable de la Policía que “cesen de inmediato las actuaciones” que hasta ahora venía desarrollando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que a principios de la Policía Nacional comenzó a interrogar a unas 3.000 personas –entre alumnos, profesores y otros testigos que pueden contribuir a esclarecer los hechos- en distintas provincias andaluzas en el marco de la investigación de la denominada Operación Edu, sobre el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para desempleados concedidas por la Junta de Andalucía.

Alaya, con el nuevo auto, ha abortado ahora la actuación de la Policía y deja la investigación en manos de la UCO, la unidad de su confianza y con la que trabaja desde hace años en el caso de los ERE fraudulentos, todo ello con el argumento de que se está poniendo “en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”.

Alaya explica que la UCO puso de manifiesto que la Policía seguía actuando en diferentes lugares de Andalucía, tomando testimonio en lo relativo a la investigación que lleva el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y “expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma”. Alaya constata en su resolución la Policía sigue actuando, tomando declaraciones y recogiendo documentación, y recuerda la detención, en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, una causa que al final ha sido remitida por el juzgado de Cádiz a Alaya.

La instructora señala que la Policía actuó en un asunto que “era objeto de investigación” por parte de su juzgado y eso tuvo “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación, y de actuación inadecuada difícilmente recuperable”, por lo que insiste en el registro de poner en peligro las investigaciones sobre los cursos de formación.

En un segundo auto, la magistrada atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se adopten medidas de protección al testigo clave del caso, el jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional, Teodoro Montes.

Alaya le otorga al denunciante la condición de “testigo protegido” en el caso y prohíbe a los medios de comunicación que a partir de ahora difundan la imagen de Teodoro Montes.

En concreto, Alaya precisa requiere a los medios, tanto prensa como televisión para que en lo sucesivo y “bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad, omitan reproducir la imagen del testigo bien evitando su fotografía o pixelando su rostro íntegro”. La prohibición se extiende a los diarios digitales, que deberán también ocultar la imagen bajo el mismo apercibimiento de incurrir en una desobediencia a la autoridad judicial.

En cuanto a la protección personal de Teodoro Montes, que ha sido encomendada a la Guardia Civil el pasado día 16, Alaya requiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que “cuiden de evitar que al testigo vuelvan a tomársele fotografías o se tome su imagen por cualquier otro medio, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo quien contraviniere esta prohibición”.

La juez comunica asimismo al testigo que podrá solicitar su traslado a las dependencias policiales o judiciales en un vehículo oficial y añade que mientras permanezca en estas sedes “se le facilitará una dependencia para su uso exclusivo convenientemente custodiado” mientras no se esté practicando diligencia alguna.

Alaya advierte de la “enorme presión mediática” que gira en torno a este caso y opina que es a través de la prensa el medio en el que se “comunican las presiones o coacciones” de entidades aludidas en la causa a dicho testigo –en referencia al anuncio de presentar varias querellas contra el funcionario-. Para la juez esas presiones adquieren un “alto grado de vulnerabilidad cuando especialmente son dirigidas a dicho testigo con el ánimo de adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal de forma ostensible, lo cual podría afectar sin duda al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones”, por lo que procede adoptar su protección para “garantizar el buen fin del procedimiento”.

El pasado miércoles, la juez Mercedes Alaya elevó el tono de la instrucción judicial al realizar una severa advertencia a las Fundación Pública Andaluza Para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y al sindicato CCOO, a los que en una decisión insólita avisó de que si se querellan contra el funcionario Teodoro Montes podrían incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia que ella misma se encargaría de denunciar.

Durante una nueva comparecencia en el jugado del jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes, Alaya afirmó que no va "a consentir" ningún tipo de presiones o coacciones a Teodoro Montes. La juez considera que las querellas anunciadas podrían constituir incluso un delito contra la Administración de Justicia por parte de estas entidades.

La Fiscalía Anticorrupción mostró su "conformidad" con el acuerdo de la instructora e incluso pidió que se adopten las medidas legales para declarar "testigo protegido" a Teodoro Montes, quien en los últimos días ha denunciado ante la juez graves y numerosas irregularidades en las actividades formativas financiadas con fondos públicos pero que no ha aportado pruebas.

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