Alaya está un paso más cerca de la Audiencia de Sevilla y de abandonar la instrucción de los ERE. El juez Álvaro Martín Gómez, que desde el 21 de septiembre de 2013 refuerza el juzgado de Mercedes Alaya, ha solicitado este lunes la plaza de titular en este órgano judiciales, una vez que la instructora del caso de los ERE fraudulentos y de otras macrocausas obtuvo una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla.

Álvaro Martín, que es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental desde marzo de 2014 y también miembro de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estaba destinado en el juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla pero solicitó una comisión de servicio con relevación de funciones para acudir como juez de refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en sustitución de Rogelio Reyes, que había obtenido una plaza en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió en julio de 2013 nombrar como nuevo juez de apoyo a Álvaro Martín para que Alaya "pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo", según señalaba el acuerdo adoptado por los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Álvaro Martín lleva casi dos años en comisión de servicio en el juzgado de Alaya, llevando los asuntos ordinarios del juzgado y celebrando los juicios de faltas y las guardias, mientras Alaya tiene dedicación exclusiva para dedicarse a la media docena de macrocausas que investiga, algunas desde hace varios años.

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacó a concurso la plaza de Alaya, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de marzo, se abrió un plazo para concursar a este destino, que ahora ha solicitado el magistrado Álvaro Martín, pero que puede ser pedido igualmente por otros jueces.

La petición de la plaza del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla implica que la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial y, de hecho, el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, dijo hace varias semanas que esperaba la incorporación de la magistrada para los meses de mayo o junio. Alaya tiene incluso ya una Sección asignada, la Séptima, una asignación que vino revestida de polémica después de que los magistrados de esta Sala mostraran su “profunda preocupación” por la imagen que se puede dar de la Administración de Justicia, dado que el tribunal al que irá Alaya es el mismo que resuelve todos los recursos del caso de los ERE fraudulentos. 

Alaya podría mantenerse investigando esta macrocausa si solicita una comisión de servicio y el CGPJ se la concede finalmente, pero esta posibilidad parece cada día más difícil sobre todo porque la magistrada en los últimos cuatro años sólo ha cerrado una de las ocho macrocausas que investiga y, de hecho, no ha cumplido la promesa que le hizo al presidente del TSJA en 2013 cuando le aseguró que antes de que acabar ese año cerraría alguna de estas investigaciones.

Después de analizar la situación, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la propuesta de distribución de plazas realizada por el presidente de la Audiencia, lo que implica que Alaya irá a la Sección Séptima.

Respecto de la composición de la Sección Séptima, que fue la tercera opción solicitada por Alaya –pidió en primer lugar ir destinada a la Sección Tercera, a la Cuarta, y en tercer lugar, a la Séptima- la Sala de Gobierno entiende que la juez Mercedes Alaya sólo podría quedar adscrita a las Secciones Primera o Séptima, en base a las preferencias y orden escalafonal del resto de magistrados solicitantes, y ambas Secciones tienen asignado el conocimiento de recursos contra resoluciones dictadas en las denominadas macrocausas tramitadas por el juzgado de Instrucción no seis (ERE en la Sección Séptima; Betis, Mercasevilla, Madeja-Enredadera y Cursos de Formación, entre otros, en la Sección Primera).

No obstante, el TSJA dejó abierta la posibilidad a un cambio futuro, al recordar que, como se desprende del artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), “la composición de las Secciones se determinará anualmente, de manera que, no siendo la misma inamovible, a principios de cada año pueden subsanarse las eventuales disfunciones que se deriven o, en su caso, atender nuevas y distintas preferencias de adscripción”.