En los hospitales, los enfermeros no deben pagar las vendas que utilizan para las curas a sus pacientes. Igual que los profesores no se ven obligados a comprar tizas para escribir en las pizarras durante sus clases. Javier Sánchez Perona, funcionario público como los docentes y los profesionales de la sanidad pública, sí tiene que gastarse su propio dinero en comprarse la bata que identifica al colectivo al que pertenece. "Somos los únicos empleados públicos que tenemos que pagarnos el material", asegura este doctor en Ciencias Químicas e investigador titular del Instituto de la Grasa. Por ese motivo, explica Sánchez Perona, cuando se realizan recortes en I+D+I se ve afectado directamente el número de proyectos en marcha y su dotación.

Aunque nació en el País Vasco, obtuvo su doctorado en la Universidad de Sevilla y desde 1996 trabaja en el mencionado organismo, uno de los que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene en Andalucía, por lo que forma parte del cuerpo de funcionarios estatales que han sufrido los recortes directamente desde Madrid. En Sevilla también fue donde Sánchez Perona acudió a algunas de las asambleas convocadas por el movimiento 15-M hace casi tres años y así surgió Ciencia Con Futuro. Es una entidad formada por profesionales del sector -desde técnicos de laboratorio a investigadores titulares, pasando por jóvenes en proceso de formación- que nació con el objetivo de realizar actos reivindicativos, pero también con la intención de colaborar con los partidos que lo solicitaran para la redacción del capítulo de I+D+I en sus programas electorales.

Una de sus reivindicaciones es la garantía de inversión en ciencia "y que no dependa de los vaivenes de los distintos gobiernos", añade Sánchez Perona, que recuerda que el porcentaje dedicado a investigación en España y Andalucía está lejos del 2% europeo. También solicitan mayor transparencia en el sistema de adjudicación de proyectos y convocatorias y una democratización en la toma de decisiones del sector, así como una modernización de la ley de ciencia. "La actual normativa no se cumple en su totalidad y además es bastante deficiente", sentencia Javier Sánchez Perona.

Sin embargo, una de las puntas de lanza de esta plataforma es la lucha por eliminar la precariedad en la carrera científica y evitar la fuga de cerebros. El investigador vasco es pesimista a este respecto y no descarta que una vez que acabe los trabajos en los que está involucrado en este momento se vea abocado a dejar el país. Aunque este doctor en Químicas tiene plaza fija en el CSIC, todavía no ha conseguido financiación para desarrrollar las líneas derivadas del Proyecto Guadix, el estudio sobre obesidad infantil en el que trabajará hasta final de año y que comenzó en 2011. "No quiero que me paguen por una labor que no estoy haciendo", apostilla.

Entre sus compañeros del Instituto de la Grasa se han formado dos grupos. Por un lado, los científicos titulares, que están resignados pero tienen esperanza en que la situación mejore y vuelva la inversión, aunque Sánchez Perona recuerda que el mejor momento del I+D+I coincidió con la burbuja económica "de la que ahora sufrimos las consecuencias. Del otro lado están los investigadores pre y posdoctorales, "que saben que no podrán hacer dedicarse a la ciencia en España".

El trabajador del CSIC reconoce la importancia de las estancias en el extranjero, pero hace hincapié en la necesidad de recuperar la inversión en tiempo y dinero que se ha hecho en esos jóvenes científicos "que deben ayudar a que la I+D+I se convierta en un motor económico". Pero Sánchez Perona también defiende la investigación tiene un carácter muy social. "Nos hace más humanos porque es una forma de satisfacer nuestra curiosidad natural". Una razón más para tener en cuenta las reivindicaciones de este colectivo.