El director del Instituto de Ciencias del Derecho y la Empresa (Icide), el abogado Emilio Moeckel, ha asegurado este martes que la juez María Núñez Bolaños y el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla Antonio Ojeda, hermano del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda –imputado en la causa de los cursos de formación-, “jamás coincidieron en ninguna mesa de trabajo de ponentes o docentes, de los distintos programas o cursos de formación inicial o continuada” de esta escuela superior de Negocios y Oficial de Práctica Jurídica, por lo que la alegación de la juez Mercedes Alaya en su informe remitido al CGPJ es “meridianamente especulativa y carente de fundamento”.

Alaya había esgrimido para descalificar a la juez Bolaños su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, y el hecho de haber coincidido con el hermano del ex consejero de Hacienda en este centro. “Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños está relacionada profesionalmente con Antonio Ojeda, hermano de Ángel Ojeda, en la impartición de cursos o ponencias en una academia jurídica", afirmó Alaya en su escrito remitido el pasado 25 de junio al máximo órgano de gobierno de los jueces.

El director del Icide, Emilio Moeckel, ha explicado a este periódico que el largo elenco de colaboradores docentes de la Escuela Superior de Negocios y Oficial de Práctica Jurídica a la que se refiere Alaya abarca “más de un centenar de destacadas personalidades profesionales del mundo del Derecho y la empresa, entre ellos miembros de la Carrera Judicial, Fiscal y del secretariado judicial”. Desde magistrados del Tribunal Supremo, magistrados y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, magistrados y presidentes de distintas Audiencias Provinciales, hasta jueces y magistrados de juzgados con competencia territorial provincial o de partido judicial de toda la geografía nacional, letrados del Tribunal Constitucional, profesionales del ámbito notarial y registral, incluidos decanos de algunos de algunos de dichos colegios profesionales, de la abogacía y en definitiva de todos los operadores jurídicos, incluidos a nivel doctrinal Catedráticos de Universidad.

No se trata de ninguna Academia, prosigue Moeckel, sino de una Escuela Oficial de Práctica Jurídica donde la juez María Núñez Bolaños y el hermano del ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía “jamás coincidieron en ninguna mesa de trabajo de ponentes o docentes, de los distintos programas o cursos de formación inicial o continuada ofrecidos por el Centro para postitulados y graduados universitarios o profesionales, dado que el hermano del ex consejero de Hacienda es un jurista vinculado al derecho del trabajo y la Sra. Núñez Bolaños lo era al Derecho de Familia, como titular del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla, con competencias exclusivas en derecho de familia”.

El director del Icide insistió que “ni siquiera coincidieron en alguna mesa de las sesiones de apertura o clausura de los distintos cursos académicos en los mas de 20 años de andadura de dicha Escuela Superior”, dado que el hermano del ex consejero es un jurista relacionado con el derecho del trabajo y la seguridad social que nada tiene que ver con el derecho de familia.

“Tampoco conocemos que don Antonio Ojeda tenga o regente academia alguna, puesto que la organización de sus cursos están vinculados a la Universidad Hispalense y son de posgrado universitario relativos a derecho del trabajo ajenos como se ha dicho al derecho de familia”, añadió Emilio Moeckel.Así que las alegaciones al CGPJ de la juez Alaya para que se le entreguen las tres macrocausas –ERE, cursos y avales de Idea- por la vinculación de amistad entre Núñez Bolaños y Antonio Ojeda por coincidir en un cuadro de colaboradores docentes de amplísima magnitud profesional, de ámbito no sólo local o provincial sino que abarca todo el territorio nacional, es “meridianamente especulativa y carente de fundamento”. Todo ello, “sin entrar a valorar en absoluto cualquier otro extremo o alegación que en el ámbito del ejercicio de sus derechos haya podido esgrimir la juez Alaya para solicitar al CGPJ la el comisionado” para la prórroga de competencias en la instrucción de los asuntos que aún penden en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, concluyó Emilio Moeckel.