El Presupuesto andaluz crecerá al menos un 3% en 2016, y la mejoría se notará tanto en la partida de ingresos, donde la bajada de algunos impuestos se compensará con un aumento general de la recaudación, como en la de los gastos, donde habrá una considerable expansión en los sectores de la educación y de la sanidad, cuya gestión pública ha salido muy perjudicada durante los años de crisis. El Parlamento andaluz vivió ayer una sesión en la que las izquierdas, representadas por IU y por Podemos, se manifestaron en contra de la bajada de dos puntos del IRPF pactada con Ciudadanos, mientras que la presidenta Susana Díaz compitió con el PP en rebajas fiscales. La socialista anunció la devolución del impuesto sobre hidrocarburos a los transportistas que había solicitado el PP, lo que supondrá un coste anual de ocho millones, pero deja aparcada, en "un grupo de trabajo", la reforma del impuesto de sucesiones, que en la actualidad contiene un injusto salto a partir de los 175.000 euros exentos (quienes reciben 176.000 euros tributan por el total, sin descontarle la exención de los primeros 175.000).

"¿Comparte la presidenta la afirmación que es de izquierdas bajar los impuestos?". El líder de IU, Antonio Maíllo, preguntó a Susana Díaz por esta aseveración del ex presidente Rodríguez Zapatero. "Ser de izquierdas es que las familias y las clases medias tengan más renta disponible, y siempre que esté en mi mano, las liberaré de ello", respondió la presidenta. Es decir, que sí, que siempre que el Presupuesto se lo permita, bajará los impuestos o, al menos, algunos de ellos. Susana Díaz disgusta, así, a sus antiguos socios de IU y contenta a los nuevos, los de Ciudadanos, que van a dejar su sello en el primer Presupuesto de esta legislatura. Antes, Maíllo había cuestionado que los 120 millones de euros que la Junta dejará de recibir al rebajar el IRPF es "una tomadura de pelo para las familias, "una milonga" porque apenas se traducirá en 20 euros menos por contribuyente al mes.

La pregunta que la oposición se quiso hacer es si a Susana Díaz le salen las cuentas, y según la Consejería de Hacienda es que es posible esta sensible mejoría. La suma es la siguiente. La Junta dispondrá en 2016 de 1.712 millones de euros más, de los cuales 560 se destinan a disminuir el déficit del 0,7% al 0,3%. Quedarían unos 1.100 millones de euros, de los que hay comprometidos 240 millones para subir el 1% del sueldo a los empleados públicos y devolver el 25% de la paga extra de los funcionarios del año 2012. A ello se añaden otros 120 millones de euros que se dejarán de percibir por la bajada del IRPF, los ocho millones de euros de devolución del impuesto de hidrocarburos y una partida de ayudas a pequeños y medianos empresarios. Ciudadanos quiere que sea de 125 millones de euros, quizás no sea tanto, pero sí será considerable. Y aún restaría un margen para el aumento de las partidas de educación y de sanidad. Ahora bien, todo ello se conseguirá sin que la Junta aplique la regla de gasto tal como le ha solicitado el Gobierno central. La Consejería de Hacienda comunicó a principios de septiembre a Intervención y a la oficina de control fiscal, del Ministerio homónimo, que aplicaría una metodología propia para calcular este límite de gasto. Al no recibir respuesta hasta ahora, contará con los 1.712 millones de euros.

A pesar de que esto es una incógnita sin resolver, hay 950 millones de euros de ese total que corresponden a un atraso del Gobierno con la Junta, por lo que es fácil que la Administración autonómica consiga blindar esta cantidad. El Gobierno autonómico se muestra optimista sobre la futura evolución de sus ingresos. Según el cálculo del BBVA, conocido ayer, la economía andaluza crecerá un 3% en 2015, y un 2,7% en 2016, unos datos que se unen al buen comportamiento de la recaudación de los tributos propios, que está siendo del 5%.

A pesar de los lamentos con el que el Gobierno andaluz acoge las decisiones del Ministerio de Hacienda, la titular andaluza, María Jesús Montero, va a poder cerrar con cierta holgura las primeras cuentas expansivas desde que se inició la crisis. El impuesto autonómico sobre hidrocarburos, por ejemplo, se implantó en 2010, cuando el presidente José Antonio Griñán se vio obligado a una escalada fiscal para contener el déficit en el que incurrieron todas las administraciones. Posteriormente, este impuesto se duplicó. También fue en 2010 cuando subió el IRPF en su tramo autonómico. Rajoy lo haría después en con la estatal en 2012, a los pocos días de llegar al Gobierno. Casi todas las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía y de Cataluña, habían bajado ya sus tramos.

Andalucía no se tocará de momento el impuesto de sucesiones. Ciudadanos posterga la propuesta de reducción a que haya una armonización en el conjunto de las comunidades autónomas. En Andalucía están exentos los contribuyentes que reciban menos de 175.000 euros, pero a partir de esta cantidad, se aplica a todo, incluido esos primeros 175.000 euros. Susana Díaz explicó que creará "un grupo de trabajo", aunque más bien parece que la reforma de este impuesto se dejará para un futuro a la espera de que el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 20 de diciembre decida qué hacer con el desbarajuste autonómico de la tributación de las sucesiones.