Andalucía

El PSOE remendará también la ley de participación que aprobó con IU

  • La regulación de las consultas populares en Cataluña usada para la deriva soberanista acaba por afectar al proyecto de la Junta

Hace unas semanas el ente de crédito público; ayer, la ley de participación ciudadana. El PSOE, que gobierna en solitario la Junta de Andalucía, responde ahora con sopas frías a Izquierda Unida, su antiguo socio y a quien birló gran parte de su programa electoral. IU está reclamando a través de proposiciones de ley el desarrollo de las medidas que se quedaron a medias por el adelanto electoral, con el texto idéntico a los proyectos que aprobaron con los socialistas, pero el Consejo de Gobierno las está rechazando.

La Junta se auto enmienda y ayer la justificación dada por el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, fue que el proyecto tiene que revisarse tras la sentencia del Tribunal Constitucional a la ley que regula las consultas populares en Cataluña.

Las consultas populares son el aspecto más destacado del proyecto (un título de los seis); se limitan a competencias que afectan a la comunidad a excepción de asuntos que afectan a la hacienda pública y el resultado no obliga a los gobernantes. Para estas votaciones no se utiliza el censo electoral, sino el padrón municipal, por lo que pueden participar los mayores de 16 años.

El anteproyecto aprobado en julio de 2014 originó una fuerte tensión entre PSOE e IU. La coalición de izquierdas ya había influido en que este precepto se recogiera en el Estatuto de Andalucía reformado en 2007 (artículo 78), con una redacción prácticamente idéntica a la aprobada en el Estatuto de Cataluña (artículo 122). El Tribunal Constitucional avaló este artículo de Cataluña en una sentencia de julio de 2010 al determinar que establece una distinción entre consultas populares y referéndum, que sí han de celebrarse mediante consentimiento estatal.

Sin embargo, la deriva soberanista ha acabado por afectar a la ley andaluza, que llegó a ser puesta como referencia por la CUP. El pasado febrero el Tribunal Constitucional invalidó parcialmente la ley de consultas catalana y, con ello, la convocatoria que preparaba el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre el futuro de Cataluña para el 9 de noviembre. El TC entendió que estas consultas afectaban a cuestiones de carácter general que debieran ser consultadas en referéndum, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.

En esta sentencia se apoyó el portavoz del Gobierno andaluz para anunciar que el texto "debe adaptarse a la nueva doctrina para evitar un recurso", aunque el proyecto de la Junta especifique que los asuntos a consulta son exclusivamente de carácter autonómico.

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