La negativa del derecho al sufragio entre los extranjeros que residen legalmente en España es uno de los factores que propicia los actos violentos entre aquellos que se consideran excluidos, como ocurrió en el extrarradio de París en otoño de 2005. Los profesores Magdalena Martín y Rafael Durán, de la Universidad de Málaga, llegan a esta conclusión en una investigación que han realizado para el Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia.

"No cabe integración plena ni convivencia pacífica que no pasen por la elección de los gobernantes por todos los gobernados, incluidos los inmigrantes", establecen los autores en Seguridad, inmigración e integración, la tríada posible. El documento pone de relieve los vínculos entre inmigración y seguridad y concluye que resulta ineficaz las políticas represivas, por lo que insta a compatibilizar la seguridad jurídica con la de los inmigrantes regularizados.

Los autores, además, consideran insuficiente la propuesta de reforma de la Ley Electoral prevista por el Gobierno para permitir el voto de los extranjeros, reduciéndose exclusivamente en las elecciones municipales y siempre que se establezcan tratados internacionales de reciprocidad con los países de origen. "Estas exigencias reducirán sensiblemente el alcance potencial de la medida", concluyen los autores que ponen un ejemplo: el requisito de reciprocidad deja sin derecho al voto la alta población de marroquíes que actualmente residen en España. Aun así, superar la propuesta de reforma planteada por el Gobierno español implica una profunda reforma constitucional y del derecho comunitario.

La última investigación desarrollada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone de manifiesto que el 54% de los andaluces se manifiesta partidario a reconocer el derecho al voto en las elecciones generales a los extranjeros que residan desde hace un tiempo en España. Un alto porcentaje de aceptación que, sin embargo, decrece en las poblaciones con mayor porcentaje de inmigrantes, por lo que los autores instan a no posponer más la nueva regulación.