Escalofrío ante el millón de desempleados. Una losa sobre las familias, la clase trabajadora y las empresas andaluzas. Un escarnio a los que tienen que sufrir las colas del Inem. Es inusual una ristra de calificativos tan descriptiva en en un informe anual del Defensor del Pueblo andaluz, pero el año pasado no fue usual, al contrario. El año de la crisis elevó a cifras históricas las quejas presentadas ante la institución, más de 6.000. Miles de personas arrastradas por un "tsunami", describe el apartado específico con el que la institución inicia el resumen de su actividad y que ayer presentó a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves. Este título se estrenó el pasado año con la esperanza de que fuese anecdótico pero, por desgracia, parece que tendrá continuidad: "Resulta difícil atisbar en el horizonte el verdor de los brotes que nos permitirían vaticinar su pronta desaparición".

La crisis, el tsunami, inunda el desolador retrato del año. Un extenso párrafo del informe describe la devastación de un año: "Las peticiones de mediación ante los bancos, que en 2008 nos llegaban tras recibirse las primeras advertencias por impago del préstamo bancario, se han visto sustituidas en 2009 por peticiones de ayuda para encontrar un alojamiento digno tras ejecutarse el desahucio; las quejas denunciando la inminencia de un despido, que dominaban en 2008, se ven ahora superadas por las de quienes expresan su temor ante el agotamiento del subsidio del desempleo; las personas que trabajan por su cuenta o titulares de pequeñas empresas que clamaban en 2008 por un préstamo que salvase su negocio, simplemente piden ahora que las deudas contraídas no les impidan volver a empezar tras el cierre".

El titular lo ofreció ayer el propio Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en rueda de prensa: "El año que más quejas ha recibido el Defensor a lo largo de su historia", que se remonta a 1984.

Y en todas las materias, la crisis tomó protagonismo. En la Educación, los padres piden que se rebajen las cuotas a pagar en los comedores y a las aulas matinales. En la Justicia, la demora que padecía mercantil se traslada ahora a lo social, por el número de despidos. En vivienda, el binomio paro-deshaucio inminente se ha convertido en recurrente en la institución.

Con todo, Chamizo destacó aspectos positivos. En la educación, la falta de empleo baja el porcentaje de abandono escolar temprano o fracaso escolar. Si no hay empleo, los jóvenes optan por seguir estudiando. Chamizo reclamó programas de cualificación profesional inicial, ya que por lo general estos jóvenes no desean una educación reglada. "Hacen falta programas alternativos; no vale esconderse en que hay crisis. Según las palabras del presidente, la educación es una prioridad", apuntó. La labor de mediación de la institución con las entidades bancarias para evitar desahucios tuvieron éxito con 30 familias.

Otra problemática preocupó al Defensor, la situación financiera de los ayuntamientos y sus consecuencias: el impago a los proveedores y el recorte en el gasto social. Sobre esto último, Chamizo anotó las quejas de asociaciones por la pérdida de subvenciones que, en definitiva, redunda en las ayudas a los más necesitados, cada vez más.

El Defensor destaca en su informe la "grave situación" que atraviesan los servicios sociales dependientes de las entidades locales, "cada vez más presionados por el incremento de la demanda de ayudas" y, según expone, teniendo que hacerse cargo de las obligaciones de la Ley de Dependencia. Es la primera línea de actuación ante la emergencia de una familia y, pese a los "síntomas de agotamiento de las arcas públicas", el Defensor reclama una respuesta. Chamizo propone que la Junta estudie "algún tipo de ayuda, de carácter finalista y coyuntural, que permita allegar fondos a las exhaustas arcas locales".

El Defensor también hizo llegar otro mensaje a la Junta: la Ley de Inclusión Social, que incluye la Renta Básica, debe aprobarse "de una vez por todas". El salario social -una ayuda de unos 400 euros para quienes no tienen ningún tipo de ingreso-, está tardando en cobrarse unos seis meses cuando no deberían pasar más de dos meses, denunció.