La decisión de la Junta de llevar al Parlamento el polémico Decreto Ley 5/2010 sobre la reordenación del sector público ha permitido incluir en una ley las propuestas ya conocidas de CCOO y UGT, pero sin embargo, ni ha revestido de consenso parlamentario a la ley como propuso la propia Junta -el PSOE sólo aceptó 13 enmiendas de IU avaladas por estos sindicatos; ninguna al PP- ni ha mermado un ápice la conflictividad social entre los funcionarios.

La Junta consiguió ayer con la aprobación de la ley del sector público comenzar a cerrar un proceso que inició antes de verano para la reforma de su Administración con el polémico decreto ley 5/2010. Pero ni dentro, ni fuera, ha conseguido que se comprendan sus argumentos. IU se abstuvo, el PP votó en contra y cientos de funcionarios, aunque en menor presencia que en otras macro convocatorias anteriores, atronaron con pitadas los alrededores del Parlamento durante horas.

En todo este proceso, de casi ocho meses, la Junta ha encontrado motivos electoralistas de los partidos o de los propios sindicatos para explicar el inédito rechazo a una ley que, defiende, va a propiciar una función pública "más eficaz, más ágil y más austera" mediante el adelgazamiento de las empresas públicas.

En este argumento insistió ayer al cierre del debate la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. La consejera intervino sólo para agradecer las propuestas que durante el trámite parlamentario consiguió de los sindicatos de clase, CCOO y UGT, que han servido para aclarar algunos aspectos de la norma, pero no para variar un milímetro el modelo que desea la Junta de agencias administrativas en las que se integren funcionarios y el personal de las empresas públicas fusionadas o extintas.

A partir de ahora, Aguayo se mostró segura de que superadas las "dificultades", en este nuevo sector público "nos vamos a encontrar seguro ciudadanos, administración y empleados públicos".

La puesta en marcha de las nuevas agencias, aplazadas hasta julio -después de la tramitación parlamentaria de la ley finalizada ayer y, también, de las elecciones municipales de mayo- cerrará el turbulento proceso que emprendió la Junta para adelgazar su Administración paralela sin prescindir de los trabajadores de estas empresas públicas.

Ésta fue la primera máxima que defendió en su aplaudida intervención el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, José Caballos, rescatado por José Antonio Griñán para defender en la tribuna los argumentos socialistas en tan espinoso tema.

La oratoria de Caballos resumió lo que, sin éxito, ha intentado comunicar la Junta durante meses: ningún funcionario o laboral perderá derechos; ningún funcionario de carrera será dirigido por externos; a los que se descalifica como enchufados también les protege un Estatuto de los Trabajadores y éstos sólo podrán ser funcionarios si superan las debidas pruebas de acceso a la Función Pública. "A partir de ahora se podrá decir lo que se quiera, pero no por privatización ni enchufismo, ni por la pérdida de derechos de los empleados públicos porque nada de eso tiene cabida en esta norma", subrayó.

El socialista arremetió contra la falta de propuestas en el Parlamento de los sindicatos contrarios a la norma, pero sobre todo contra el fin de "llegar al poder y arañar votos" del PP. La Junta distribuyó una publicación oficial de Galicia en la que, en su proceso de reordenación del sector público, fija un procedimiento por el que personal laboral fijo puede adquirir la condición de personal funcionario de carrera mediante un proceso selectivo.

Antes, el diputado del PP Jorge Ramos, cuyo partido ya anunció que llevará la ley al Tribunal Constitucional, censuró la falta de diálogo del PSOE en el trámite parlamentario al no aceptar ninguna propuesta del PP y por aprobar una ley "mediante el ordeno y mando". Ramos criticó la externalización de los servicios públicos de la Junta y atribuyó a este procedimiento a los casos de los ERE o el caso Matsa.

El diputado de IU Pedro Vaquero, cuyo grupo se abstuvo, razonó que, tras haber intentado el acuerdo, la formación se ha encontrado con que la Junta no quiso variar el sistema planeado. IU planteaba el modelo de ley de agencia estatal de 2006, con un sólo modelo de agencia de carácter administrativo, susceptible con la integración de todo el personal.