El tercero de los antecedentes de hecho recoge la declaración de Francisco Franco Sánchez, accionista minoritario del Xerez CD y artífice, junto a la Plataforma Salvemos al Xerez, de las acciones judiciales emprendidas contra Joaquín Morales por particulares.

En efecto, Paco Franco se personó en la pieza de responsabilidad que se abre en todo concurso de acreedores en su condición de acreedor de la concursada, "siendo rechazada la personación de D. Carlos Vera Gavilán y D. Manuel María Cazalla González, al no serles reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, y no comparecer representados por Procurador y defendidos por Letrado de libre designación".

Paco Franco solicitó que se calificara el concurso como culpable, quedando afectados por la calificación Joaquín Morales y Antonio Fernández Monterrubio, presidente del consejo de administración y consejero delegado, el primero, y vicepresidente del consejo de administración y director general, el segundo, y que "se les condenara a indemnizar el perjuicio ocasionado a la sociedad y a los acreedores, y a quince años de inhabilitación".

El accionista minoritario del Xerez CD alegó que en Junta general de 2 de julio de 2009 se acordó un aumento de capital, que suscribió, en su mayor parte, Joaquín Morales a través de la sociedad Luz Costa Inmuebles SL, "mediante la compensación de un crédito de ésta frente a la concursada, que en realidad no se halla debidamente justificado. Las nuevas acciones adquiridas se sumaron a las que ya poseía, y gracias a las cuáles era socio mayoritario de la concursada".

Paco Franco detalló que todas estas acciones fueron vendidas el 22 de diciembre de 2009 a un tercero, FS Investment SA -sociedad representada por el argentino Federico Souza-, "gracias a lo cual el Sr. Morales Domínguez obtuvo un beneficio económico, a la par que eludía varias deudas, contraídas con D. Julio Peralta, con ocasión de la compraventa de una finca, en 2006", y, sobre todo, con la Seguridad Social, "que acordó la derivación de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración del club, del que formaba parte, como presidente, y se desvinculaba de la sociedad evitando quedar sujeto a las consecuencias del concurso (quita del 50% y espera de 7 años, según el convenio), como el resto de acreedores. Todo ello después de haber dejado de pagar numerosas deudas de la concursada".

Así, cuando Joa quín Morales se hizo cargo del club, éste se hallaba ya en situación de insolvencia, "y el Sr. Morales, lejos de remediarla, la agravó aún más, aumentando las deudas (entre ellas se cuenta el aumento de los emolumentos del Sr. Fernández Monterrubio), que sistemáticamente evitaba pagar, a pesar de los ingresos obtenidos por el club, ampliados por su ascenso a Primera División".