Pocos gobiernos han logrado con tan poco tiempo en el poder suscitar tanta unanimidad en el sector eléctrico con tan sólo una medida de entidad para el mercado: la suspensión del registro de preasignación de primas a las energías renovables. Sea por exceso o por defecto, ninguna de las partes está satisfecha. Desde la órbita de las renovables se acusa al ministro de Industria, José Manuel Soria, de provocar un parón injustificado a uno de los pocos sectores en los que la economía española se sitúa en la vanguardia. Esta afirmación contrasta con la visión de las grandes eléctricas, que inciden en que la medida es meramente mediática y no resuelve la bola de nieve acumulada a lo largo de la última década en forma de déficit tarifario -desajuste entre el coste de producción de la electricidad y el precio que paga el abonado-.

La decisión del Ejecutivo cierra el registro de preasignación de primas para nuevas plantas, un instrumento creado por el anterior Gobierno para frenar la avalancha de proyectos verdes al principio de la anterior legislatura. Aunque se hable de moratoria, todas las iniciativas que ya tuvieran el visto bueno ministerial siguen adelante sin problemas, incluido medio centenar de plantas termosolares en desarrollo cuya conexión está prevista en los próximos dos ejercicios. Según la patronal de las eléctricas, Unesa, la entrada en servicio de la nueva potencia solar supondrá un sobrecoste de más 2.000 millones de euros en primas, lo que elevará las subvenciones a las renovables a casi 9.000 millones de euros para el año 2013.

Los más perjudicados por el cierre del prerregistro son los promotores que habían resultado adjudicatarios en los diferentes concursos eólicos autonómicos, como el resuelto la pasada semana en Andalucía, que sin el visto bueno del Ministerio, no tienen derecho a primas. En total, suman unos 11.000 megavatios en suspenso. Precisamente, hoy estaba prevista una reunión de las comunidades gobernadas por el PP para tratar este asunto que fue finalmente desconvocada.

El sector está expectante ante los nuevos movimientos de Gobierno, que aún no ha decidido ni cómo se abonará los 24.000 millones de euros del déficit tarifario ni cómo evitará que siga creciendo. El ministro de Industria se limitó ayer en su primera comparecencia en el Congreso a echar balones fuera, acusando al anterior Ejecutivo de elevar las primas en un 400%, sin dar pistas sobre sus próximas medidas.