LA ruptura de las negociaciones en el Eurogrupo ha provocado una gravísima crisis en el seno de la Unión Europea, cuya construcción financiera puede quedar tocada del ala, y ha supuesto un paso adelante en el camino de Grecia hacia el abismo del aislamiento y la penuria. A pesar de que el Banco Central Europeo ha actuado responsablemente al garantizar la liquidez de emergencia de los bancos griegos, las decisiones del Gobierno de Tsipras abocan casi a un callejón sin salida: dio por rotas las negociaciones y ha tenido que imponer a las entidades financieras nacionales un corralito de infausta memoria para los argentinos, que todavía no se han recuperado del que decretó el Gobierno peronista. Significa que las transacciones quedan estrictamente restringidas, limitando a los ciudadanos la posibilidad de retirar su dinero a sólo 60 euros por día. Las bolsas europeas en su conjunto encajaron ayer el golpe, con caídas generalizadas, especialmente significativas en España e Italia. Pero el mayor revés es para los griegos, que sufren directamente las consecuencias de esta crisis y están bajo la amenaza cierta de quedar excluidos de la zona euro e impulsados probablemente a volver al dracma, con el consiguiente empobrecimiento colectivo. Todo ello se ha producido por la irresponsabilidad de los gobernantes helenos, que han optado por traspasar a los ciudadanos la decisión dramática sobre las condiciones exigidas por la troika (UE, BCE, FMI) para aliviar las condiciones del pago de la deuda. Lo hará en un singular referéndum, convocado precipitadamente para el domingo próximo, en el que el Gobierno, con el apoyo de la derecha nacionalista y la ultraderecha neonazi, pide a los griegos que rechacen el pacto y se expongan a su apartamiento de las instituciones y del sistema monetario europeo. Estos acontecimientos tienen lugar cuando Atenas tiene que hacer frente, hoy mismo, al crédito de 1.600 millones de euros prestados por el Fondo Monetario y a los 3.500 del Banco Central Europeo que vencen el día 20. El Gobierno de Tsipras se escuda en que prometió a los griegos no implantar nuevas medidas de austeridad, algo que no está en su mano decidir. Es irresponsable no entender que las deudas deben pagarse, aun partiendo de la base de que deben renegociarse quitas, intereses y plazos, y especialmente que si no se paga a los acreedores (por un importe que ya asciende a 260.000 millones) es imposible que aumenten las aportaciones de los mismos a un rescate que todavía Grecia necesita para funcionar como Estado. Sin un pacto con sus acreedores, Grecia está condenada a dejar de pagar las pensiones y abrir los hospitales, y a aislarse de su entorno.