EL pasado día 1 dábamos testimonio de las enormes ventajas fiscales que disfrutan las comunidades forales, observadas exclusivamente desde la perspectiva de los ingresos de las administraciones públicas. Utilizamos para ello los datos del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicadas el pasado mes de julio y referidas a 2012, que era el último año con presupuestos liquidados cuando se elaboró el informe. Hoy vamos a intentar explicar cómo se distribuye el gasto público por comunidades volviendo a utilizar la publicación del Ministerio como referencia básica, pero no única, expresada en términos per cápita con el fin de facilitar las comparaciones. Prestaremos especial atención, por un lado, a las diferencias entre las comunidades forales (País Vasco y Navarra) y las de régimen común (el resto) y, por otro, a los casos concretos de Cataluña, por su pretensión de alcanzar un pacto fiscal con el Estado del que se derive un estatus similar al de las comunidades forales y, por razones obvias, Andalucía.

Conviene aclarar que los autores del informe se tomaron la molestia de repartir por comunidades la totalidad de los gastos del Estado, incluyendo aquellas partidas que no tienen adscripción territorial clara, como las embajadas o el coste de las instalaciones militares. El resultado es que los residentes en el País Vasco son los ciudadanos que disfrutan de un mayor nivel de gasto público por habitante, con 2.772 euros más que un español medio. Los navarros también están por encima (1.068 euros por residente), pero entre ambos se cuelan la excepcionalidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (2.283 euros),  Asturias (2.153 euros) y Castilla y León (1.188). Hay que tener en cuenta que en la distribución territorial del gasto público influyen circunstancias muy diversas, como el número de pensionistas o el de parados con derecho a prestaciones, pero también la densidad de población. El gasto en pensiones de jubilación de la minería ayuda a entender el caso asturiano y también el castellano-leonés, aunque en éste último también influye la reducida densidad poblacional. El gasto en infraestructuras, especialmente en las de tránsito hacia otras comunidades, provoca que la totalidad del gasto público por habitante resulte especialmente elevado en comunidades de gran tamaño y relativo despoblamiento, como también ocurre en Extremadura o Aragón. Lo que resulta más difícil de explicar es que la diferencia con respecto a la media española resulte negativa en comunidades como Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En el caso andaluz, inferior en 506 euros, que contrasta con el signo positivo de la diferencia en Cataluña (153 euros), a pesar de que el PIB por habitante en Andalucía es un 45% inferior al catalán y la tasa de paro superior en casi 14 puntos.

En cualquier caso, las diferencias observadas en el gasto por habitante entre comunidades forales y comunes no son tan acusadas como en ingresos, lo que significa que las ventajas que el nacionalismo catalán espera conseguir con el pretendido pacto fiscal con el Estado estarían relacionadas con los privilegios observados en los contribuyentes residentes en territorios forales y probablemente también con el enorme poder político derivado de esta circunstancia. La cuestión es que con una Hacienda autonómica bastante más rica que  el resto y con una población que demanda un menor nivel de protección y asistencia, las comunidades forales pueden gestionar un margen financiero considerablemente mayor para el impuso de políticas de bienestar. Para comprobarlo observaremos las preferencias de los diferentes gobiernos autonómicos a la hora de distribuir sus recursos entre las políticas de vivienda, sanidad, educación y prestaciones sociales, que interpretamos como las más representativas del sistema de bienestar.

Recurriremos a www.dondevanmisimpuestos.es/ccaa/, una web interactiva de fácil acceso que nos permite trabajar con los presupuestos autonómicos liquidados en 2013. Lo primero que se aprecia es que, en las comunidades forales, el gasto por habitante en cada uno de los capítulos señalados es bastante superior a la media española, con la única excepción del País Vasco en materia de prestaciones sociales, aunque no tanto porque los pobres estén peor atendidos que en el resto, sino porque el número de ellos es relativamente reducido. El caso de Andalucía es justamente al revés. El gasto en asistencia social es un 5,1% superior a la media y el de educación un 4,1%, pero el gasto en vivienda es un 42% más bajo, mientras que en sanidad es un 12% inferior y el más reducido de todas las comunidades. Es significativo que Navarra sea la comunidad que más gasta en viviendas sociales (2,7 veces más que el conjunto de España y 7 veces más que Andalucía) y en asistencia social, mientras que el País Vasco presenta el mayor nivel de gasto por habitante en sanidad, educación y, curiosamente, en fomento del empleo (219,6 euros por habitante), a pesar de que la tasa de paro es la segunda más baja de toda España, tras Navarra. Por el contrario, Andalucía, la comunidad con mayor tasa de paro, se limita a 74,6 euros, un poco menos que el conjunto de España (77,5 euros).

Las ventajas del régimen foral y de la variante pactista pretendida en Cataluña son indiscutibles, aunque tampoco hay que descartar que, de una vez por todas, en el resto se comiencen a cuestionar los fundamentos éticos de un sistema que genera tanta desigualdad.