Abengoa formalizó ayer la petición del preconcurso de acreedores, mientras sus acciones siguen desplomándose en Bolsa -los títulos B se despidieron del Íbex con otra caída del 40%- y crece la presión política y social para encontrar una solución que evite la que sería la mayor insolvencia de una empresa en España. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla dirigido por el juez Miguel Ángel Navarro ha asumido el preconcurso. Al igual que el número 1, está muy saturado, según fuentes judiciales, que advierten que entre ambos acumulan 3.000 asuntos pendientes de señalar.

Los esfuerzos de la empresa, la banca acreedora y el Gobierno pasan ahora por encontrar una salida, en medio de una fuerte presión social y política para salvar una empresa que da empleo a más de 28.000 personas, unas 6.800 en España -la mayoría en Sevilla, donde tiene su sede social-, y con un perfil muy cualificado.

Según fuentes del sector consultadas por Efe, el principal escollo es la complicada situación financiera, con una deuda bruta que roza los 9.000 millones de euros y deudas a proveedores superiores a 5.000 millones. Como punto a favor está su potencial industrial, una baza que la banca acreedora quiere jugar para lograr una salida aunque el escenario sea complicado. "Hay varias vías de solución pero ninguna es fácil", reconocen analistas consultados por Efe.

El analista de XTB Rodrigo García apunta tres: la entrada de un nuevo socio capitalista que inyecte liquidez, que los bancos acuerden una refinanciación y den cierta holgura a la empresa o que se opte por un rescate público, aunque subraya que esta última opción es la más complicada e improbable. Según fuentes cercanas a la operación, este rescate público se podría articular a través del Instituto de Crédito Oficial. "La solución no va ser inminente pero va a haberla", insisten otras fuentes financieras.

Las reacciones desde el ámbito político, económico o sindical se han seguido sucediendo presionando a la banca y al Gobierno. Desde la oposición, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, pidió al Ejecutivo que "ponga todo de su parte" y aporte financiación a través del ICO, mientras que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, subrayó que la banca "no puede fallar", del mismo modo que "España se implica con el sistema financiero en los momentos de dificultad".

Mientras el presidente de la CEOE, Juan Rosell, reiteró su "confianza" en que se encuentren "alternativasen tres o cuatro meses", la Confederación de Empresarios de Sevilla recordó la situación de "los cientos de proveedores" y abogó por el apoyo de la banca y "la implicación de las administraciones públicas". Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, manifestó su preocupación por el empleo, mientras que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió al Gobierno que se "comprometa políticamente" y la intervención directa a través del ICO y Bankia.

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, descartó que el Gobierno se esté planteando una participación pública en Abengoa. "Hay que intentar que pueda llegar a acuerdos con los acreedores y evitar que se pase de esta situación de preconcurso a una situación de concurso", apuntó Soria. Preguntado por si el ICO tiene previsto intervenir, el ministro apuntó que "esto no se ha tratado por parte del Gobierno".