Queremos acceder a la salud. Y que los médicos conozcan nuestra realidad para facilitar nuestro acceso a las consultas. Queremos acceder por nosotros mismos y no depender de nuestras familias para ir al médico". Bajo el eco reivindicativo del Día Internacional de la Discapacidad celebrado el sábado pasado, resuena todavía la demanda sanitaria de Feaps, organización que defiende al colectivo con discapacidad intelectual y que lucha desde hace años por acabar con las barreras que dificultan la atención a esas personas en el Sistema Nacional de Salud.

La situación se repite en mayor o menor grado en todo el ámbito de la discapacidad, que en España alcanza a cuatro millones de personas y en el mundo a más de mil millones, casi la quinta parte de ellas con dificultades considerables en su vida cotidiana. Y, como acaba de subrayar el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, "la prevalencia está aumentando". Según ese estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la causa es doble. Por una parte, "la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores". Por otra, se registra un "aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental" que pueden limitar la autonomía personal de quienes las padecen.

El informe recuerda que "las personas con discapacidad tienen peores niveles de salud que la población general" y que, según su grupo y contexto, "pueden experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles, comorbilidades y trastornos relacionados con la edad". A eso se suman "tasas más elevadas de comportamientos de riesgo, como el hábito de fumar, una dieta deficiente e inactividad física", así como su "mayor riesgo de estar expuestas a violencia". Además, la falta o insuficiencia de los servicios de rehabilitación que necesitarían puede acarrearles consecuencias negativas como "el deterioro del estado general de salud, limitaciones de las actividades, restricciones para la participación y peor calidad de vida".

La situación es más grave en los países en desarrollo, que en su mayoría carecen de estructuras sólidas de atención sanitaria y apoyo social. Máxime cuando, como señala el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, las personas de este colectivo presentan "tasas más altas de pobreza" que la población general, lo que suele traducirse para ellas y sus familias en "mayores tasas de privaciones", como "inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, y acceso deficiente a atención de salud". Un cúmulo de factores de riesgo para la salud que no hace sino incrementar su vulnerabilidad y perpetuar el círculo de la pobreza. De hecho, el informe recalca que "las personas con discapacidad pueden tener costos adicionales de asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares", lo que en los países de ingresos bajos eleva un 50% su probabilidad de "enfrentarse a gastos sanitarios ruinosos".

En esas condiciones, tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 -que en este caso pasan por la autonomía personal- como la histórica Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008, quedan entre serios paréntesis.