El Gobierno afirma que "a efectos del régimen de extranjería", España empieza tras la valla interior de las dos que marcan el perímetro fronterizo en Melilla y asegura que a los inmigrantes que la rebasan se les conduce a la Policía Nacional para realizar los trámites que marca la ley de Extranjería. Lo explica en una respuesta al grupo Amaiur que versa precisamente sobre la devolución inmediata a Marruecos de los inmigrantes que consiguieron saltar la valla el 18 de junio por la noche, los mismos sucesos que está investigando un juzgado de Melilla y que han motivado la imputación por prevaricación del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

"El despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a lo largo de la frontera terrestre de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se complementa con un sistema de vallas para garantizar el control de las fronteras. En este sistema, la valla interna materializa la línea con la que el Estado delimita, a los efectos del régimen de extranjería, el territorio nacional", dice el Ejecutivo. Desde esta perspectiva, el Gobierno afirma que "cuando no existe vulneración del sistema anti intrusión, y por tanto los inmigrantes no llegan a acceder a territorio español, en algunos casos, las fuerzas de seguridad marroquíes intervienen haciéndose cargo de los inmigrantes, desalojando así la línea de frontera y sus inmediaciones".

Estos policías extranjeros "se encuentran en ocasiones, presentes" en este lugar, "dentro de sus cometidos en la lucha contra la inmigración irregular" y en el marco de "la colaboración existente", tal y como detalla la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press.  En el documento, el Gobierno incide en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "contemplan como principio básico el cumplimiento de la legalidad vigente" y, por tanto, "cuando se lleva a cabo la interceptación en territorio español de inmigrantes irregulares, éstos son entregados al Cuerpo Nacional de Policía de conformidad con lo dispuesto" en la legislación vigente.

Este es el "concepto operativo" de frontera que cuestiona el magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Melilla en el auto por el que imputa al responsable de la Guardia Civil en la ciudad autónoma. Para el juez, "el terreno entre vallas es suelo español y está sujeto a su soberanía", así como las dos vallas y la sirga tridimensional instalada en su interior, que  considera una "fortificación" española. "La frontera de España con Marruecos, quedaría en consecuencia delimitada, al menos, por la valla exterior del complejo fronterizo, debiéndose aplicar a partir de ella la legislación española, sin limitación de ningún tipo", afirma el magistrado.

Esto implica que los migrantes entre vallas no podrían ser entregados a Marruecos sobre la marcha: habría que conducirles a una comisaría de Policía Nacional, identificarles y abrir un procedimiento administrativo de readmisión para entregarles con garantías al país del que salieron.

Según el auto del juez, ni aquella noche ni en la del 13 de junio, cuando se produjo otro salto de la valla, llegó ningún inmigrante a la Jefatura Superior de Policía y en los dos últimos años "sólo se han tramitado dos casos de readmisiones aceptados por Marruecos" con el procedimiento previsto por la ley.