El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha recurrido este lunes ante el Tribunal Constitucional la consulta del 9-N y la ley que la ampara porque "atenta directamente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles". Con todo, ha ofrecido diálogo al presidente catalán, Artur Mas: "Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero".

Rajoy ha comparecido ante los medios de comunicación para leer una declaración institucional y atender las preguntas que le han formulado los periodistas tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado la presentación de los recursos ante el Constitucional. El presidente del Gobierno ha dejado claro que "no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa" la convivencia entre los españoles, ni se puede "privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que se puede reformar la Constitución pero "lo prioritario hoy es defenderla" y ha añadido que, con la Carta Magna, la Generalitat de Cataluña tiene "las mayores competencias de su historia". Ha hecho hincapié en que mientras él sea presidente del Gobierno la ley "se va a respetar en toda su integridad" y ha recordado que las leyes se pueden siempre reformar "pero por los cauces democráticos". Lo que no debería hacer "un gobernante responsable", ha señalado, es "buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad, por muy adornados que vengan de bonitas palabras".

En su declaración, el presidente del Gobierno ha insistido en que no se puede distinguir democracia y ley, porque la primera no existe ni no se cumple la segunda y en que el Gobierno no tenía otra alternativa que recurrir al Tribunal Constitucional la convocatoria de una "consulta de autodeterminación" que "ni por su objeto ni por el procedimiento seguido es compatible con la Constitución". "Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien, el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado", ha argumentado Rajoy quien ha añadido que "el problema es que quien esgrime estos argumentos, en la realidad, le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español".

Rajoy ha lamentado profundamente que Mas haya convocado una que va "en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y de su bienestar" y que no se va a celebrar. "Lo peor es que lo sabía desde el principio", ha señalado Rajoy quien ha destacado que "lo cierto es que la Generalitat lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir". El jefe del Ejecutivo ha ofrecido, sin embargo, diálogo al presidente catalán: "Tanto el Gobierno, como yo mismo, estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo; pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra".

El Gobierno afirma en los recursos que la consulta es "un auténtico referéndum"

El Gobierno afirma en los recursos que ha presentado ante el Tribunal Constitucional que la consulta constituye "materialmente un auténtico referéndum" que "atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español". Según la referencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado dos acuerdos, con el dictamen a favor del Consejo de Estado, por los que se solicita al presidente, Mariano Rajoy, que recurra determinados preceptos de la ley de consultas aprobada el viernes por el Parlamento de Cataluña, así como que impugne el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.

El Gobierno argumenta que impugna el Título II, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposición final de la citada ley catalana porque las calificadas en esa norma como consultas no referendarias "constituyen materialmente un auténtico referéndum", al contemplar una consulta al cuerpo electoral a través de un verdadero procedimiento electoral. Así, el Ejecutivo esgrime que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde "exclusivamente al Estado", de acuerdo con los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32 de la Constitución Española. Esta regulación, recuerda el Gobierno, es recogida por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

También considera inconstitucional la regulación que el Parlamento catalán hace de las consultas locales, ya que en ella se regulan no sólo las consultas municipales, sino también las comarcales, provinciales o supramunicipales, pese a que la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum solo habilita la existencia de las consultas municipales. No se recoge la necesidad de autorización previa del Gobierno de la nación en ningún caso, pese a exigirse así en la mencionada ley orgánica de regulación de las distintas modalidades de referéndum. Asimismo, se infringe el régimen de convocatoria establecido en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Respecto al decreto de convocatoria de la consulta, el Ejecutivo fundamenta su impugnación en dos motivos. Por un lado, los de carácter competencial, en tanto que la "Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencia para convocar un auténtico referéndum" y, por otra parte, referidos al contenido de la cita que, considera, "atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español, y frente a la indisoluble unidad de la Nación española, en los términos recogidos en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución Española".

Tanto en el recurso de inconstitucionalidad como en la impugnación del Decreto, se hace invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Constitucional, a fin de que se produzca "la suspensión de los preceptos que se recurren y las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como de cualquier actuación vinculada a la referida consulta".