El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a 43 imputados en el caso Gürtel, entre ellos tres ex tesoreros del PP, y ha incluido como responsable civil a la ministra de Sanidad Ana Mato por supuestamente beneficiarse económicamente de la conducta delictiva de su ex marido, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Ruz ha adoptado esta decisión en el auto en el que cierra la instrucción de la pieza separada que abrió el pasado 29 de julio para propiciar el enjuiciamiento por hechos de la primera época de la trama, desde 1999 a 2005, teniendo en cuenta que uno de los principales imputados, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, lleva más de un año en prisión preventiva.

Este es el paso previo, técnicamente conocido como transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, para abrir juicio oral contra esos 43 imputados, a los que ha añadido en calidad de responsables civiles como partícipes a titulo lucrativo a Mato y a Gema Matamoros, esposa del ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega.

El juez explica que en el caso de Mato, como esposa de Sepúlveda, "habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar" de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular. Según el juez, la ministra y sus hijos se habrían beneficiado de "regalos en forma de servicios turísticos" de la trama Gürtel entre los años 2000 y 2004 por una cantidad de 31.580 euros.

Fuentes jurídicas han señalado que al incluir a Mato, el juez propone que su conducta como beneficiaria de esos regalos sea sometida a juicio como responsable civil y Ruz expone en su auto que será en el "plenario" (vista oral) donde se concretará "la exacta cuantía en que la partícipe pudiera haberse beneficiado". En el juicio, Mato podría estar representada por un abogado o tener que estar ella presente físicamente. De este último supuesto hay precedentes en otros casos juzgados en la Audiencia Nacional como el de Gescartera, en el que acudieron a la vista oral familiares del principal imputado, Antonio Camacho, que fueron juzgados como responsables civiles a título lucrativo.

En su escrito, Ruz ha acordado también archivar la imputación en esta pieza al ex secretario general del PP Ángel Acebes, aunque continúa imputado en la causa en la que se investiga la caja B del partido, y mantiene al PP como responsable civil a título lucrativo.

En el auto, de 205 páginas, el juez relata toda una operativa en torno a los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes presuntamente lideraron un entramado societario con la participación, entre otros, de tres ex tesoreros del PP, Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, así como los ex alcaldes Ortega y Sepúlveda, el ex senador Jesús Merino, el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios.

Sin perjuicio de lo investigado en la pieza separada conocida como "papeles de Bárcenas", Ruz señala que el ex tesorero, prevaliéndose de sus cargos de gerente y tesorero, se apropió de fondos del PP al llevar junto a Lapuerta una contabilidad del partido entre los años 1990 a 2008. Esa contabilidad, explica el juez estaba "nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: al pago de gastos generados en campañas electorales, complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político".

La red de Correa, recuerda Ruz, se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. Además, se encargaba de entregar dádivas en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían para favorecerle en la obtención de negocios para sus empresas.

Paralelamente a la estructura societaria en España, los imputados tejieron también otra en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo, entre ellos Bárcenas, que llegó a acumular 48,1 millones en cuentas en Suiza. El auto de Ruz detalla también cómo a partir de las relaciones entabladas con distintos responsables políticos del PP el grupo de Correa comenzó a trabajar en la Comunidad de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.

El sistema para ocultar los fondos obtenidos de forma ilícita por la trama Gürtel, supuestamente ideado por el considerado cerebro financiero de la red Luis de Miguel, sirvió posteriormente, según Ruz, a los cargos públicos o responsables del PP con los que trabajaba Correa para la intermediación en operaciones inmobiliarias. De esta forma, "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y origen de sus fondos"

Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Regalos a la familia de Ana Mato

El juez afirma que "todos los pagos y regalos efectuados al imputado Sepúlveda y a su entorno familiar aparecen indiciariamente vinculados, bien a la consideración de su condición de senador y de alcalde, bien en atención a su posible intermediación en adjudicaciones públicas". Según Ruz, estos regalos a la familia Sepúlveda-Mato fueron "tanto desplazamientos en medios de locomoción (avión, tren y alquiler de vehículos) como alojamientos en establecimientos hoteleros en España y en el extranjero y otros servicios turísticos".

De estos regalos, dice Ruz, se beneficiaron "Sepúlveda y/o distintos miembros de su círculo familiar o doméstico (tales como su mujer Ana Mato Adrover y los hijos de ambos, así como otras personas vinculadas a la unidad familiar)". Los viajes los gestionaba la agencia de viajes de Gürtel, Pasadena, y se facturaban bajo el concepto de "clientes central", de forma que "la deuda contable generada por los mismos y anotada en la cuenta de cliente de Jesús Sepúlveda era saldada con cargo a fondos provenientes de la caja B" de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. De esta manera, abunda el juez, los servicios que prestaba Pasadena a Sepúlveda "generaban un cobro ficticio, puesto que en lugar de desembolsarlos el beneficiario de los mismos eran abonados con fondos ajenos a los circuitos económicos de la organización, todo ello bajo las instrucciones de Francisco Correa y Pablo Crespo".

El auto indica que 31.580 euros correspondieron a servicios de los que se habría beneficiado la familia Sepúlveda-Mato, e incluye un cuadro con todos esos regalos. En el cuadro se muestran unos setenta regalos diferentes en distintas fechas, que la trama Gürtel puso a nombre de "Sres. Sepúlveda y Mato", "Hijos Sres. Sepúlveda-Mato", "Ana Mato" o "Hija Sres. Sepúlveda-Mato". Algunos de ellos son billetes de avión y estancias en hoteles por diferentes cantidades, que van desde los 10 hasta los 3.889 euros.

El ex marido de Mato también se benefició de otros regalos de la trama "en forma de organización de eventos familiares y pago de servicios de carácter privado" de 2001 a 2005, por un total de 5.108 euros, abonados por transferencia, cheque bancario o entregas en efectivo. De este dinero se hicieron cargo varias empresas de la trama Gürtel, como Special Events o Easy Concept, pero no consta que Sepúlveda lo devolviera luego. "De acuerdo a todos los indicios obrantes en la causa, tales pagos efectuados al señor Sepúlveda a través de regalos para el disfrute de sus familiares incluirían" cuatro pagos en concepto de "Artículos de Louis Vuitton" por 610 euros, "Fiesta cumpleaños infantil (globos y payasos)" de junio de 2001 por 669 euros, "Fiesta payasos" de junio de 2002 por 1.996 euros y "Comunión hija Jesús Sepúlveda" de mayo de 2005 por 1.832 euros.

Sepúlveda se benefició asimismo de la financiación de los gastos generados por su oficina electoral en las elecciones municipales de 2003 y otros pagos vinculados a la referida campaña electoral para el Ayuntamiento de Pozuelo por un total de 111.864 euros. "Estos fondos se aplicaron al pago directo de servicios prestados para el despacho electoral a través de terceros empleando a su sociedad Special Events para facturarlos, y a la asunción del coste de actos electorales llevados a cabo", afirma el juez en el auto.

Dentro de este dinero hay facturas de proveedores de material de oficina y electrodomésticos de tiendas de menaje del hogar por 15.600 euros para la oficina electoral del PP y entregas en efectivo por 60.000 euros. También se incluyen "los vehículos recibidos por el señor Sepúlveda de parte de la organización del señor Correa", como un Range Rover por 83.000 euros y un Jaguar por 52.070 euros. "A través de las distintas vías antes descritas, el imputado Jesús Sepúlveda percibió, como mínimo, entre 1999 y 2005 un total de 732.640 euros".