Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) funcionan como "verdaderas cárceles", donde se produce una violación masiva de derechos humanos, a pesar de que la legislación vigente determina que estos establecimientos no tienen un carácter penitenciario.

Así se recoge en las conclusiones en el informe Situación actual de los CIES en España y su adecuación al marco legal vigente, que se presentó ayer, elaborado para la ONG jesuita Pueblos Unidos por las clínicas jurídicas de las universidades de Icade, Valencia, Barcelona y Valladolid.

El estudio analiza la situación de los CIES de Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Barcelona, Murcia, Barranco Seco (Las Palmas) y Fuerteventura.

La coordinadora del proyecto y abogada de Garrigues, Amalia Hernández Sendín, señala que la Ley Orgánica de Extranjería establece que las personas ingresadas en los CIES tienen únicamente restringido su derecho ambulatorio, por lo que se debería respetar el resto de sus derechos fundamentales que, en muchos casos, les son vulnerados.

Hernández Sendín destaca que, entre los aspectos que no se adecúan a la legislación vigente, algunas instalaciones, especialmente la de Algeciras, cuentan con deficiencias o deterioros que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los internos.

La investigación llama la atención sobre la falta de implementación de servicios sanitarios permanentes, que, en la mayoría de los casos, se limita a prestar una atención sanitaria básica y no especializada.

Los autores del documento resaltan la ausencia de mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas entre los internos y de medidas que no supongan el aislamiento de los internos en condiciones que atentan contra su integridad y salud física.

Entre otras deficiencias de las instalaciones, señalan el mantenimiento de sistemas de cierre con llave y rejas, que dejan en entredicho la ejecución de los planes de evacuación o emergencias de los internos. Asimismo, ponen de relieve la vulneración del derecho a la integridad que supone compartir una habitación de dimensiones reducidas con numerosas personas y la inexistencia de módulos diferenciados para alojar de forma separada a los internos que están pendientes de expulsión por faltas administrativas de los penados que están allí destinados.

Igualmente, denuncian la vulneración de la intimidad de las comunicaciones, que deben realizarse a través de mamparas, que impiden el contacto físico.