El PP promete promover un acuerdo con los partidos para garantizar "la independencia" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y buscar criterios "objetivos" en la elección de sus miembros. Además, plantea presentar un nuevo Código Penal Procesal que agilice los tiempos de la Justicia; fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales; reformas procesales en materia de desahucios para lograr mayor seguridad jurídica; e incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. 

Así se recoge en el programa que el PP presentará a las elecciones generales del 20 de diciembre y que este domingo ha sido presentado en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la secretaria general de los 'populares', María Dolores de Cospedal, y la vicesecetaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy. 

Sin embargo, el PP no ha incluido en este capítulo medidas relativas al Tribunal Constitucional como sí hizo en 2011, entre ellas cambiar el procedimiento de elección de los magistrados del TC y que no se llegó a cumplir esta legislatura. En las filas del PP apuntan a la conveniencia de no entrar en este asunto en un momento en que este tribunal tiene un papel clave ante el desafío secesionista abierto en Cataluña.

Propuestas de Justicia

En materia de Justicia, el PP considera que es una "obligación democrática" que la Administración de Justicia actúe con "agilidad y eficacia" para que "ningún derecho quede menoscabado". Entre sus propuestas figuran:

- Una Estrategia Nacional de Justicia, que cuente con todos los actores (Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Administraciones y fuerzas políticas) para "promover una Justicia acorde a la realidad del siglo XXI", con "mayor agilidad" e instensificando el uso de las nuevas tecnologías. Con ese objetivo, plantea la constitución de una mesa con la participación de todos los actores implicados.

- Modernizar las leyes procesales basadas en actuaciones en papel, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos.

- Presentar un nuevo Código Penal Procesal que agilice los tiempos de la Justicia, refuerce las garantías procesales y que esté adaptado a las nuevas realidades sociales. Fortalecer la figura del Ministerio Fiscal, "ampliando su papel en el proceso".

- Potenciar el uso de fiscalías especializas, y potenciar el arbitraje y la mediación.

- Aproximar la justicia al ciudadano aprovechando las nuevas tecnologías y potenciando iniciativas como la de 'justicia 24 horas' o la sede judicial electrónica.

- Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades. En este punto, plantea incorporar medidas de reparación específicas para las víctimas menores de edad; aprobar un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de un niño inmerso en un proceso judicial; impulsar las 'salas amigables'.

- Plan para mejorar la distribución de las cargas de trabajo transformando unidades judiciales y creando otras nuevas donde sea necesario.

- Implantar oficinas de atención a las víctimas y la comisión de seguimiento del Estatuto de la Víctima.

- Diseño de un nuevo modelo de Registro Civil, que seguirá siendo público y gratuito y que estará basado en un sistema de gestión moderno para facilitar los trámites a los ciudadanos y mejorar su accesibilidad para los distintos tipos de gestiones, como ya sucede con la inscripción de nacimientos desde hospitales.

- Nombramiento de un fiscal coordinador especializado en asuntos relacionados con la sustracción de menores.

- Regular la acción colectiva para dar la posibilidad de que mediante un único proceso multitud de perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos. - Impulsar una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para una mejor regulación de este derecho y reforzando otros derechos y obligaciones conexos a éste.

- Presentar reformas procesales en materia de desahucios para lograr un "mayor grado de seguridad jurídica y de claridad normativa"; e incrementar el control en las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios que acceden al registro.

- Promover un acuerdo de todas las fuerzas políticas que "garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros".

Propuestas sobre la Administración pública

En su programa, el PP apuesta por una administración "más eficaz" y que evite el "gasto superfluo".

-  Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para "incrementar los controles y cerrar cualquier espacio a posibles irregularidades u opacidades".

-  Después de que partidos como Ciudadanos planteen eliminar diputaciones provinciales, el PP subraya que mantiene su "compromiso" con estas entidades porque desempeñan un "papel imprescindible en la coordinación para la prestación integral y adecuada de servicios públicos en los ayuntamientos y en el fomento del desarrollo económico y social de los municipios españoles".

- Trabajar por una mayor digitalización de los servicios públicos y seguir avanzando en la reducción de las cargas administrativas desde la simplificación de procedimientos y el impulso de la administración electrónica.

- Ampliar el número de trámites administrativos que se pueden realizar on-line a través de dispositivos móviles.

- Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. 

Propuestas contra el terrorismo

El PP "combatirá cualquier manifestación del terrorismo desde la firmeza y la contundencia del Estado de Derecho".

- Promete seguir impulsando una estrategia integral contra el terrorismo, persiguiendo a los terroristas y colaboradores donde se encuentren, denunciando cualquier acto de enaltecimiento u homenaje a los terroristas, e impidiendo con todos los medios posibles la propagación y difusión de las "doctrinas fanáticas, radicales y totalitarias que forman su ideario". Para ello, promete  implicar "todos los recursos del Estado de Derecho".

- El PP asegura que "memoria, verdad, dignidad y justicia son las reclamaciones de las víctimas" y seguirán siendo su guía, persiguiendo "todas aquellas acciones que humillen a las víctimas".

- Trabajar "intensamente por establecer el relato de la verdad histórica de lo sucedido". Según añade, en ello jugará un papel primordial el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

- Promover la creación de un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial para la investigación de los atentados de ETA sin resolver y potenciaremos la Oficina de Asistencia a Víctimas de la Audiencia Nacional.

- Ampliar las indemnizaciones a las Víctimas del Terrorismo con independencia del lugar en que se sufra el atentado, sea en España o en el extranjero.

La amenaza del terrorismo yihadista

En cuanto al terrorismo yihadista, el PP considera que se trata de la amenaza "más directa y dolorosa" a nuestro modelo de convivencia y apuesta por combatirlo con el consenso de las fuerzas políticas, la cooperación internacional y eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- El compromiso del PP es "firme" para que el terrorismo y quienes lo apoyan no consigan nunca la impunidad. "Abordaremos la amenaza viva del terrorismo yihadista con todos los mecanismos del Estado de Derecho", agrega.

- El PP propone impulsar un programa específico para potenciar el personal y los medios tecnológicos de los Servicios de Información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, priorizando el desarrollo del I+D en nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el terrorismo.

- Se compromete a impulsar el pleno desarrollo de la estrategia de prevención de la radicalización, trabajando en los diferentes ámbitos y priorizando el área formativa-educativa y la sensibilización social.

- Crear una sede del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Madrid, para la memoria y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo yihadista, "como el más valioso instrumento de prevención de la radicalización".

- Velar porque la dignidad de las víctimas quede reflejada y respetada en los monumentos erigidos en su nombre, y en la adecuada conservación de los mismos. 

Propuestas contra la corrupcion

- Los cargos del PP suscribirán una declaración de compromiso que significará la adhesión a los principios éticos del partido y tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral por una causa de corrupción.

- Incorporará la "obligatoriedad de cese en el cargo" para los altos cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral.

- El PP mantiene el "compromiso de reducir los aforamientos" e impulsar la adopción de las iniciativas necesarias, por los distintos sujetos legitimados, para limitar la atribución al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos. La apertura de juicio oral también será causa de inelegibilidad absoluta.

- Potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de corrupción, con una rendición periódica ante el Congreso del responsable de dicha oficina.

- Mejorar la especialización de determinados jugados en delitos económicos y relacionados con la corrupción; seguir desarrollando la Ley de Transparencia; y continuar "profundizando enérgicamente" en las reformas legislativas para que "la corrupción deje de ser una preocupación de los españoles".

- Crear más canales para la denuncia de casos de corrupción y adoptar medidas para proteger a aquellos cuya información haya sido relevante para destapar actividades ilícitas.

- Regulación de la actuación de los lobbies y puesta en marcha de un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan ese tipo de actividades.

- Impulsar una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno, acompañándola de una rendición periódica de cuentas sobre los indultos otorgados.

- Impulsar las reformas precisas para asegurar la comunicación de los resultados de los Plenos municipales a través de Internet.

- Fomentar la formación de los empleados públicos que participan en procesos de licitación pública, impulsando la "formación en transparencia"; potenciar el papel de la oficina de conflicto de intereses; y reforzar el control de las subvenciones públicas.

- Para garantizar el conocimiento del destino de cada euro gastado, el PP promete avanzar en la accesibilidad de la información de la ejecución presupuestaria con un mayor grado de detalle. 

Medidas para mejorar la calidad de la democracia

En este capítulo dedicado a la unidad de España y la Carta Magna, el PP incluye un total de 29 medidas centradas sobre todo en "profundizar", según explica, en la calidad de la democracia. - Seguir defendiendo el Estado de las Autonomías, la "mejor fórmula de articular unidad y diversidad". "Nos oponemos a las tentativas de dividir porque así defendemos un legado, un presente y, sobre todo, un futuro, que deseamos limpio de tensiones y enfrentamientos", asegura.

- El PP promete garantizar una oferta de servicios públicos esenciales igual para todos los españoles y establecer un marco de financiación "estable y suficiente" para que todas las comunidades puedan disponer de esa oferta básica común. - Incorporar a la Ley que regula el uso de la bandera y otros símbolos las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento.

- Potenciar la Conferencia de Presidentes como instrumento de cooperación horizontal para mejorar las relaciones entre Estado y comunidades autónomas.

- El PP "se compromete al respeto de la costumbre constitucional de que solo formará gobierno la candidatura más votada en España".

- Además, y como prometió en 2011, promoverá una reforma de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal. Según añade, una nueva regulación de las elecciones locales debería establecer una prima de gobernabilidad a aquellos partidos que hayan ganado claramente las elecciones con una distancia considerable de la segunda fuerza para asegurar que las opciones de Gobierno responden fielmente a la voluntad de los ciudadanos. En caso de no existir mayoría absoluta ni una distancia considerable respecto a otros partidos se propondrá un sistema de doble vuelta. El Grupo Popular propuso en julio pasado una subcomisión para tratar la reforma de la Ley Electoral que no apenas ha registrado avances con la disolución de las Cortes.

- Reducir la duración de la campaña y, con ello, los gastos electorales.

- Favorecer la participación electoral de los españoles residentes en el exterior (voto CERA) "mejorando el procedimiento actual".

- Reforma del Reglamento del Congreso para que sea "más cercano" y que haya "mejores mecanismos para que los ciudadanos puedan sentirse representados", aunque el PP no concreta. Sí que mejora la transparencia de la actividad con "una nueva web" de la Cámara Baja que haga más sencilla la búsqueda de información. Para que sea "más participativo", plantea la posibilidad de que los ciudadanos impulsen el debate de proposiciones no de ley en las comisiones parlamentarias.

- En la reforma del Congreso también promete introducir nuevos elementos para "una mayor rendición de cuentas que evalúe los compromisos de los gobiernos y su acción política", pero no precisa.

- En esa reforma del Reglamento del Congreso también defiende aplicar el principio de proporcionalidad en la distribución de los tiempos y agilizar los debates; mejorar el procedimiento de elaboración de leyes; potenciar el debate técnico en comisión; o más implicación de los ciudadanos en las tramitaciones de las iniciativas, haciendo llegar sus sugerencias a través de páginas web.

- En cuanto al Senado, el PP promete buscar consensos para "avanzar en su configuración como un auténtico foro principal para debate de grandes cuestiones de naturaleza territorial". "Fortaleceremos la posición del Senado en la elaboración y aprobación de aquellas iniciativas legislativas que presenten una especial incidencia autonómica", dice, para añadir que el PP quiere una Cámara Alta "renovada, capaz de canalizar el dinamismo" de la realidad autonómica española.

- Potenciar la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su presentación y tramitación; reformular el derecho de petición hacia un modelo más cercano a la 'pregunta ciudadana'; impulsar la consulta electrónica a los ciudadanos cuando un anteproyecto de ley se someta a información pública a los sectores afectado. 

Medidas en materia de seguridad 

- Impulsar un programa específico para potenciar el personal y los medios tecnológicos de los Servicios de Información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, priorizando el desarrollo del I+D en nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el terrorismo. - Impulsar el pleno desarrollo de la estrategia de prevención de la radicalización, trabajando tanto a nivel nacional como internacional, en los diferentes ámbitos priorizando el área formativa-educativa y la sensibilización social, así como en el sistema penitenciario.

- Constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado de la Seguridad, como fruto de "la convicción" del Gobierno de obtener el máximo respaldo y debate parlamentario sobre sus actuaciones en el marco de la política de Seguridad Nacional. Además, promete desarrollar la Ley de Seguridad Nacional y anuncia la creación de una conferencia sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional.

- Ante los ciberataques, el PP promete implantar un modelo de gobernanza de la ciberseguridad para todos, que se adecúe a las características de cada medio. Plantea también una Autoridad Nacional de Ciberseguridad que contará con una "potente estructura de apoyo": el Centro Nacional de Ciberseguridad.

- Mantener el "firme" compromiso de España con socios y aliados, mediante la participación "activa y decisoria" en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las que somos miembros, y la aportación a las misiones internacionales que se acuerden, según lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional.

- Incrementar los recursos policiales destinados a seguir mejorando los niveles de seguridad en las calles, mediante la reorganización de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y el aumento de sus efectivos. El PP promete destinar a este fin al menos en 3.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, actualmente ocupados en labores burocráticas y de custodia estática de edificios institucionales.

- Desarrollar un plan de modernización y adecuación de la red de infraestructuras de seguridad del Estado en los próximos cuatro años, para elevar la calidad de las instalaciones en donde Policías Nacionales y Guardias Civiles trabajan.

- Acercar "aún más" la figura de los Policías y Guardias Civiles a las personas mayores, con el propósito de detectar situaciones de vulnerabilidad. Intensificar las campañas de información al ciudadano en materia de seguridad.

- Promover una cultura integral de ciberseguridad, orientada especialmente a proteger a los colectivos más vulnerables en el ámbito digital, frente a prácticas como el ciberacoso y el "grooming" -en el caso de los menores-.  Intensificar las medidas de control y vigilancia policial en los entornos escolares a fin de prevenir la proliferación de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y el ejercicio de la prostitución.

- Regulación procesal de la figura del confidente policial para solventar situaciones que repercuten en perjuicio de la investigación.

- Ampliar los sistemas de presentación de denuncias por internet en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Instauración de un protocolo de atención y seguimiento continuado de víctimas de delitos graves.

- Puesta en funcionamiento de una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y aprobación de un Plan Integral contra los Delitos de Odio basado en el protocolo de actuación aprobado.

- En materia de Violencia de Género, potenciar la coordinación con todos los actores implicados en la lucha contra ella. El PP también se compromete a poner en marcha un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

- En materia de Defensa, el PP propone aprobar una nueva Ley de Movilidad para atender las especiales circunstancias y necesidades que se generan en el entorno del militar y de su familia.

- Hacer del reservista voluntario "un recurso altamente útil para las Fuerzas Armadas"; para ello, promete mejorar los perfiles profesionales y los destinos, así como su gestión y los procedimientos de activación.

- En materia de igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, propone seguir potenciando el acceso y las condiciones de trabajo de la mujer en las FAS e implementar el Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.

- Desarrollar la Ley de Régimen Disciplinario de las FAS, así como completar el de la Ley de carrera militar, modificando los Reglamentos de Especialidades Fundamentales; de Evaluaciones y sus normas subsiguientes; así como el de Destinos y de Ingreso y promoción para dar cumplimiento a las medidas para facilitar la promoción profesional.

- Realizar la primera Estrategia Industrial de la Defensa en España para que el sector industrial esté perfectamente coordinado con los intereses de la Defensa nacional en una época "en la que afrontará múltiples desafíos".

- En materia de Tráfico, el PP se marca como objetivo "seguir disminuyendo la siniestralidad por accidente de tráfico". Para ello, promete impulsar el programa integral de conservación, mantenimiento y seguridad viaria; y consolidar la política de "tolerancia cero con el consumo de alcohol, drogas y determinados medicamentos", entre otras medidas.