El juez Eloy Velasco cree que el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y su número 2, Gabriela Mañueco, dirigían la empresa pública como una "organización criminal" que se dedicaba a favorecer "escandalosamente" intereses privados. Así se desprende de los interrogatorios a los que el juez de la Audiencia Nacional sometió a los trece detenidos el mes de enero en la operación Frontino y a varios testigos del presunto fraude millonario cometido por la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Entre los testimonios está el de Arcadio Mateo, quien se acogió a su derecho a no declarar y a quien el juez acusó de usar una empresa pública para favorecer "escandalosamente intereses privados". De hecho, el juez preguntó al ex alto cargo por orden de qué superior actuaba y si lo hacía "para financiar a un partido político o para meterse usted el dinero en su bolsillo".

La cuestión es que, según planteó Velasco a Gabriela Mañueco, directora de Ingeniera y Construcción de la empresa pública, Acuamed funcionaba como "una trama de organización criminal" en la que ella actuaba como "brazo derecho y primario" de Arcadio Mateo. A ambos les acusa de "despedir o remover" a todos aquellos técnicos o directivos que se oponían o ponían reparos a sus "caprichos" y decisiones.

Entre ellos, una pieza fundamental en el descubrimiento de la trama es Francisco Valiente, ex director general de Ingeniería despedido por decisión de Mateo y que denunció los hechos. Valiente relató al juez las "insoportables" presiones que sufrió para efectuar a FCC unos pagos supuestamente irregulares, que, según su versión, habían sido acordados en reuniones "al más alto nivel" con el ex ministro Miguel Arias Cañete.

Según el propio juez Velasco, Acuamed acordó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones que se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos de 2015. Ese acuerdo se habría firmado para compensar las pérdidas que la UTE formada por FCC y Abengoa había sufrido por las obras de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, de la que fueron adjudicatarias esas empresas, después de que se inundara y quedara "arruinada" en 2012.

Cuando Valiente se negó a que Acuamed asumiera el 40% de esa reparación y a pagarle otros 10 millones de una liquidación que él valoraba en 2, la UTE dejó de hablar con él y se comunicaba únicamente con Arcadio, con el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Federico Ramos -que dimitió de su cargo de subsecretario de Presidencia a raíz de las detenciones-, y con el propio Arias Cañete, dice el testigo.

Consultada sobre esta declaración, FCC se ha remitido a un comunicado que emitió el pasado 26 de enero en el que rechazaba las acusaciones vertidas sobre el caso Acuamed y aseguraba que las reclamaciones realizadas por la empresa obedecen a deudas por trabajos efectivamente realizados.

Otro de los contratos en los que recibió presiones fue el de la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa y adjudicada a Acciona, que presentaba "fisuras y muchos problemas" cuando el testigo llegó a Acuamed. "Yo entendí que nos habían engañado", declara. En ese caso, según su testimonio, la presión vino en un encuentro con el director de Acciona Agua, Luis Castilla, durante unas conferencias de la Jornada del Agua en el Hotel Intercontinental. El juez Velasco, en su interrogatorio a Arcadio Mateo, sostuvo que en esa reunión estaban el director de Acuamed y Arias Cañete.

También fue despedida la ex gerente de Acuamed para Cataluña y Valencia Gracia Ballesteros, quien relata a Velasco cómo la empresa adjudicaba contratos y pagaba incluso por obras que no existían, como los dos millones de euros por una escollera en el contrato de la obra de Rambla Gallinera, en Valencia. Ballesteros describe las amenazas recibidas por funcionarios de Acuamed para que adjudicaran obras a determinados contratistas "amigos" y para que dieran el visto bueno a algunas valoraciones de ofertas de empresas.

En su caso, las presiones venían de Arcadio Mateo y del empresario Nicolás Steegmann, que le llegó a decir que "iba a destrozar su carrera profesional". En su interrogatorio a Gabriela Mañueco, el juez pregunta por qué Steegmann, presidente de Altyum, anteriormente llamada Altec, y exdirectivo de Acuamed, recibió tres de los seis contratos presuntamente fraudulentos que se investigan. "Nosotros siempre comentábamos que Steegman tenía una habilidad especial que desconozco cuál es para acertar con el precio de las ofertas", responde Mañueco.