Aunque las cifras bailan según quien las aporte, se calcula que actualmente continúan 360 reclusos de ETA en las prisiones de España y Francia, el 99% alejados del País Vasco, según los datos de la red ciudadana Sare.

Los presos se han convertido en el principal escollo para la disolución definitiva. La gran reivindicación de este colectivo es su acercamiento a Euskadi y acabar con la política de dispersión que se pusieron en marcha los socialistas a finales de los años 80 para tratar de debilitar a la banda terrorista.

Los familiares de los presos etarras aseguran que la dispersión ya no tiene sentido y que vulnera el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto a la vida privada y familiar. "La situación de los presos es hoy peor que hace cinco años. Al haber menos cantidad, están cada vez más aislados", asegura a la agencia Dpa Urtzi Errazkin, portavoz de la asociación de familiares de presos Etxerat y hermano de un recluso acusado de pertenencia a ETA.

El Gobierno de Mariano Rajoy exige la disolución de ETA para negociar sobre sus presos. "Que se diga que ETA tiene que hacer algo para que se respeten los derechos humanos, para mí es gravísimo. No se pueden poner contrapartidas a los derechos humanos", critica Errazkin.

Las víctimas de ETA piden por su parte que no haya margen para la impunidad ni para "posturas equidistantes entre los terroristas y las víctimas". "Nunca han condenado la violencia. Siguen diciendo que estuvo justificado utilizarla durante décadas", lamenta Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite),

Sortu se ha planteado "vaciar las cárceles" mediante la asunción por parte de los presos de la legalidad penitenciaria para avanzar de grados, una estrategia enunciada y asumida por el colectivo de reclusos (EPPK) en diciembre de 2013, pero que apenas ha tenido desarrollo real porque la mayoría se niega a mostrar arrepentimiento.

La propia Sortu quiso dar ejemplo con un insólito acuerdo alcanzado con la Fiscalía en enero, cuando 35 dirigentes de Batasuna admitieron haber pertenecido a ETA y renunciaron a la violencia para lograr una condena mínima que evitase su ingreso en prisión. Esta estrategia está abriendo algunas grietas en el seno de la izquierda abertzale, con el surgimiento de ruidosos grupos minoritarios muy críticos con la línea oficial de Sortu y que pugnan por representar a los presos de ETA .