La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las retribuciones de la Corporación municipal, aprobadas en el pleno del pasado 21 de junio, ha aclarado finalmente el coste que tendrá para las arcas del Ayuntamiento el nuevo gobierno local del PP. En este sentido, el gasto en salarios del 'ejecutivo' de María José García-Pelayo apenas llegará a los 600.000 euros brutos anuales, 591.175 euros para ser exactos, frente a los algo más de 820.000 euros (un 28% más) de desembolso que supuso el equipo de la anterior alcaldesa, Pilar Sánchez. Eso sí, esta cantidad sólo se mantuvo en el último año de mandato, tras la rebaja salarial de los políticos acometidas a finales de 2009. De este modo, el nuevo gobierno popular cuenta con tres ediles que no percibirán salario alguno del Consistorio: la propia alcaldesa (que pasaría a cobrar del Ayuntamiento si tuviese que renunciar a su condición de parlamentaria andaluza, tal y como plantea el PSOE); el delegado de Economía, Enrique Espinosa (jubilado); y el edil y diputado Bernardo Villar, que ingresará su retribución mensual de la institución provincial

Además, tanto Antonio Real, delegado de Turismo, como Francisco Cáliz, delegado de Impulso Económico, tendrán dedicación parcial y sus sueldos como políticos serán del 85 y 50% de la nómina asignada, respectivamente. Real percibirá 42.925 euros brutos, mientras que el salario municipal de Cáliz queda reducido a 25.250 euros. En la anterior etapa, sólo las ediles y diputadas Irene Canca y Margarida Ledo no le costaban un euro al Ayuntamiento (cobraban de Diputación), mientras que Sánchez sí usó la figura del concejal no electo (al amparo de la Ley de Grandes Ciudades) y nombró a José Manuel Jiménez, con el sueldo asignado de un delegado más.

En esta nueva etapa, quienes sí cobrarán del Ayuntamiento serán los ediles Antonio Saldaña, Javier Durá y Felisa Rosado, todos ellos tenientes de alcalde con un sueldo de 60.000 euros brutos anuales; Isabel Paredes, Lidia Menacho, José Galvín y Susana Sánchez Toro, que percibirán como delegados 50.500 euros brutos; y María José Rúa, Antonio Montero y Agustín Muñoz, que ingresarán 47.000 euros como concejales responsables de los planes especiales de Infraestructuras, Promociones Culturales y Movilidad, respectivamente. De todos los mencionados, Durá, Sánchez Toro, Galvín, Montero y Agustín no empezarán a cobrar de las arcas municipales, por diversas circunstancias personales, hasta el próximo 1 de septiembre.