Jerez

Vivienda solicitará un crédito al ICO de 37,6 millones para más de 400 VPO

  • Saldaña negociará en Madrid los fondos para levantar cuatro promociones, entre las que se encuentran las dos últimas fases de la regeneración de San Juan de Dios, con carácter social

Con un total de 2.555 demandantes de vivienda pública inscritos en el registro jerezano, el nuevo gobierno local popular no tiene tiempo que perder a la hora de reactivar e impulsar Emuvijesa, la promotora inmobiliaria municipal. El delegado de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, Antonio Saldaña, viajará mañana a Madrid para mantener una reunión con altos cargos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de amarrar la financiación para construir cuatro promociones de VPO de régimen especial e integración social, dos modalidades muy demandadas como consecuencia lógica de la crisis económica generalizada. En total, el también primer teniente de alcalde, según aclaró ayer mismo a este periódico, solicitará un préstamo de 37,6 millones de euros para edificar en el municipio un total de 416 VPO, que tratará de ampliar hasta superar los 40 millones para también incluir la promoción de 144 viviendas protegidas en Pozoalbero -proyecto que se ha modificado para transformar las VPO de venta a alquiler con opción a compra-.

Entre las promociones afectadas por la posible concesión del crédito del ICO se encuentran las dos últimas fases de las tres que componen la regeneración integral de la barriada de San Juan de Dios. Un importante y ambicioso proyecto de rehabilitación cuyos orígenes se remontan a 2004 y que hasta ahora no ha podido ejecutarse al completo pese a las insistentes demandas vecinales. De hecho, los dos bloques de integración social que todavía están pendientes, compuestos por 144 y 108 pisos, estaba previsto que estuviesen edificados antes de que concluyese la pasada legislatura aunque finalmente el anterior equipo de gobierno no pudo cumplir con los plazos ofrecidos.

La inversión necesaria para acometer ambas promociones públicas de vivienda social rondará los 24,7 millones de euros y ahora el crédito ICO podría ser una salida factible para hacer viable los proyectos. Las otras dos promociones para las que se quiere demandar financiación son 80 alojamientos en Marcelo Villalobos (Hijuela de las Coles), 3,94 millones de inversión y destinados a personas en riesgo de exclusión social; y 84 VPO en régimen especial emplazadas en el sector 30 San José Obrero, con un desembolso presupuestado en 8,88 millones de euros.

Con las reticencias de las entidades financieras para ofrecer préstamos para la construcción de vivienda -y menos aún VPO de régimen social-, Saldaña acudirá a Madrid para resolver los problemas de financiación de Emuvijesa. El principal inconveniente que encontrará, expuso, será que como criterio general el ICO sólo financia hasta el 30% de la inversión, aunque en este caso el delegado defenderá ante el organismo público que, realmente, de los casi 40 millones que se quieren solicitar sólo hay inversión real (con riesgo) de unos 10 millones de euros, que es lo que debe aportar Emuvijesa a la promoción, ya que las cantidades restantes son subvencionadas por el Ministerio de Fomento y por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. Como explica Saldaña, "al tratarse de viviendas con regímenes especiales y con fines sociales, el Estado cubre el 40% y la Junta hace lo propio con el 50% de la cuota de capital, por lo que realmente el Ayuntamiento sólo pone el 10%, que es la base que queremos que aplique el ICO para aprobarnos el crédito en su totalidad". "Tenemos las calificaciones subvencionadas y ahora sólo falta la vía libre del Instituto para acometer los proyectos", asegura el concejal popular, también diputado provincial de Vivienda.

Del mismo modo, el objetivo del delegado es ampliar el crédito para rescatar el proyecto de Residencial Maestrante (Pozoalbero), 144 VPO que han despertado cierta polémica en el inicio de la legislatura tras aprobar el nuevo gobierno popular la renuncia al crédito para su construcción que se concedió por Cajasol en su momento. Según reitera Saldaña, "no hemos renunciado a construir esas viviendas protegidas, sólo que al cambiar su régimen de venta a alquiler con opción a compra, ese préstamo (de 14 millones de euros) era inservible y además bloqueaba otras operaciones al ser tan alto, pero la promoción la haremos".

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