La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado en libertad sin fianza a los dos empresarios españoles, Jaime Bedía y Pedro Torres, que han sido acusados de intentar vender ilegalmente helicópteros militares de segunda mano a Irán y Venezuela desde su sede en la localidad madrileña de Navas del Rey ante la "falta de solidez" de los indicios contra ellos. En Jerez la Policía registró oficinas de dos sociedades ubicadas en la calle Empedrada y Sol donde requisaron documentación vinculada a la exportación de las aeronaves y diversos soportes informáticos aunque no se practicaron detenciones.

La puesta en libertad de ambos ha sido decidida por la Sección Sexta de este tribunal que ha dictado dos autos en los que estima los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Jaime Bedia y Pedro Torres contra la medida de prisión sin fianza adoptada por la instructora del juzgado número 5 de Navalcarnero el pasado mes de mayo.

La Audiencia critica la decisión de la juez porque causó una "clara indefensión" en los imputados, que fueron acusados de dos delitos de contrabando, otro delito de contrabando en grado de tentativa y un delito de depósito de armas de guerra sin poder tener un "conocimiento claro y preciso de los hechos".

Es el delito más grave de todos, el de depósito de armas de guerra, al que los magistrados encuentran "las más serias objeciones", ya que, según explican, un informe del Ministerio de Defensa concluía que "entre los elementos observados no existen armas de guerra", un argumento que esgrimió en su recurso el letrado de Bedia, Jaime Sanz de Bremond.

Incluso llegan a apreciar "indicios contrarios" a la comisión de este delito por parte de los empresarios en la gestión de los helicópteros.

En este sentido, consideran que sus abogados han acreditado que solicitaron permiso al Departamento de Defensa de Estados Unidos (las aeronaves eran originarias de este país) para transformar el uso militar de los aparatos a actividades civiles como la extinción de incendios, transporte de material con carga externa y operaciones de emergencia.

De ahí que el tribunal insista en que los indicios "carecen de la suficiente entidad como para justificar la imposición de medidas cautelares", mucho menos "la más gravosa" de todas como es la de ingreso en prisión.

Una "falta de solidez" que percibe también respecto a los delitos de contrabando, aunque puntualizan que "su total esclarecimiento requerirá de una mayor actividad investigadora".