La Asociación Provincial del Transporte, colectivo profesional que representa a transportistas del Marco de Jerez y sus localidades limítrofes, ha denunciado los graves problemas que están produciendo "los malos procedimientos de comunicación de sanciones por parte de los servicios de la Diputación Provincial de Cádiz". El secretario general de esta organización, Antonio Gutiérrez, asegura que las sanciones que son impuestas a un conductor cuando a los agentes del orden les es imposible parar al presunto infractor "son conocidas por éste último cuando al cabo del tiempo, a veces hasta seis meses después, se les informa de un embargo en sus cuentas bancarias".

Se trata, según datos facilitados por Gutiérrez, de una práctica irregular que provoca que "un ciudadano, ya se trate de un profesional del volante o no, se entera de que le van a quitar un dinero de una cuenta bancaria sin que haya tenido la menor posibilidad de defenderse", es decir, poder presentar los correspondientes pliegos de descargo y ejercitar su defensa.

Esta situación, irregular a todas luces, tan sólo deja una posibilidad al conductor: "Pagar y esperar que no vuelva a sucederle algo similar". A modo de ejemplo refiere el caso de una conductora que, al parecer, salió de una rotonda en Jerez sin dar suficiente margen de maniobra a un autobús que circulaba por el interior de dicha vía. Allí había una patrulla de la Policía Local de Jerez que tomó nota de la matrícula e impuso una sanción. "Cuando le llegó la multa ésta ya se encontraba en fase ejecutiva y no le quedó otra opción que abonar el importe de la misma sin haber podido defenderse". Dice Gutiérrez que "esta anomalía provoca que un ciudadano, aunque sea verdaderamente inocente de la falta que se le imputa, no puede alegar, presentar descargos y acudir al Contencioso Administrativo si ese fuera su deseo".

Según refiere el secretario general de la Asociación Provincial del Transporte, "la mala fe o la intención recaudatoria de este tipo de actuaciones se ve perfectamente en que en algunos casos se localiza fácilmente al presunto infractor para cobrarle la multa pero no se pone el mismo interés cuando de lo que se trata es de informar de que al contribuyente se le ha sancionado. Hay un doble rasero a este respecto". A este mismo respecto, Gutiérrez asegura que "muchas veces se utilizan medios de notificación de las sanciones poco extendidos entre la ciudadanía como pueden ser los boletines oficiales "o los tablones de anuncios de los ayuntamientos. Esta forma de actuar tan sólo persigue los cobros por apremio. Hay un ánimo que es más propio de un afán recaudatorio desmesurado que de hacer verdadera justicia".

En la actualidad, la Asociación Provincial del Transporte "tiene sobre sus mesa tres casos en los que las notificaciones no han llegado y el afectado tan sólo ha tenido conocimiento cuando se ha intentado actuar con apremio".

Estas multas, según apuntan desde la Asociación Provincial del Transporte, se están dando en las sanciones que imponen los agentes locales así como aquellas que se realizan por inspecciones de la Consejería de Transportes, las cuales son llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil e inspectores de la Administración.