El Gobierno convocará en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el objetivo último de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. La fecha exacta del consejo aún no se conoce y dependerá de la convocatoria que haga el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Consejo de Ministros ha analizado un informe procedente del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que disminuir.

"Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit", precisó. En el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se revisará, pues, el informe aprobado en 2010, cuyo objetivo era eliminar 515 entidades públicas o altos cargos. Hasta hoy, sin embargo, se han suprimido sólo 69.

En el consejo, Montoro preguntará a los responsables de las diferentes administraciones públicas por qué no han cumplido con el objetivo de déficit para 2011 y les interpelará sobre qué organismos creen que deben mantenerse, fusionarse o incluso venderse. "Queremos tener información exhaustiva del personal que tienen, sobre todo de los altos directivos de las entidades, y una valoración previa del futuro de estos organismos".

Sáenz de Santamaría recordó que el Gobierno respeta la potestad que tienen las autonomías sobre las empresas públicas y entidades dependientes de sus gobiernos, pero al mismo tiempo insistió en que "todas ellas son muy conscientes de la necesidad de un proceso de reestructuración", como demuestra el hecho de que entre 2004 y 2009 se haya incrementado en un 50% el número de entidades. Según el Gobierno, algunas comunidades autónomas, como Baleares o Castilla La Mancha, han hecho un "esfuerzo considerable" en reducir puestos públicos, algo que espera que sea extensible al resto de autonomías. A este respecto, la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, afirmó que en Andalucía este proceso de reducción ha supuesto una bajada del 48%, de 231 a 119 organismos públicos. La responsable andaluza espera que la región "sirva de ejemplo en la forma de hacer la renovación sin generar traumas ni despidos".

Sobre las entidades, agencias u organismos dependientes de la Administración General del Estado (AGE), Sáenz de Santamaría lamentó la "opacidad" y "dispersión" que existe en la actualidad sobre el número exacto de estos organismos, que sólo se conocen a través de los datos de 2009 procedentes de la Intervención General del Estado. Por ello, el presidente del Gobierno ha encargado a todos los ministerios que remitan un informe completo de "todas y cada una de estas entidades" dependientes de sus carteras con el fin de evaluar su estado, la dotación presupuestaria y su personal, para hacer una estimación de ahorro.