La adaptación a la nueva normativa sobre certificación y calidad -norma comunitaria 45.011 y Ley de Calidad Alimentaria- fue el asunto de más calado que abordó ayer el pleno ordinario del Consejo Regulador, el primero del año y en el que se dio cuenta de la decisión de dar de baja en el sector a una veintena de bodegas en el registro de la institución del vino, algunas voluntarias y otras por incumplimiento de los nuevos requisitos.

Al término de la sesión plenaria, el presidente del Consejo, Antonio Fernández, detalló que entre la veintena de empresas que dejan de estar inscritas en el registro, y que por tanto no podrán comercializar los productos amparados por las Denominaciones de Origen para los que carecen de certificación, hay algunas a las que se llegó a citar hasta en seis ocasiones para realizar las auditorías correspondientes, sin que aparecieron sus propietarios.

Junto a las bajas, el Consejo Regulador dio cuenta del envío de un centenar de certificaciones para el uso de las marcas -el número no se corresponde con las bodegas, ya que se requiere un certificado para el jerez, otro para la manzanilla, otro para el vinagre y otro para el brandy, y ahí bodegas que operan en todas las DDOO- a empresas que se adaptan a la normativa y que son "la gran mayoría".

Hay otro grupo de bodegas, sin determinar número, que están a expensar de resolver algún fleco pendiente y que, presumiblemente, recibirán las certificaciones, que tienen cinco años de vigencia, con independencia de las auditorías anuales que deberán superar.

Las labores de vigilancia y supervisión recaen desde el pasado 1 de enero en la Fundación Jerez Control y Certificación, órgano de nuevo cuño dirigido por Víctor Carrascal que goza de absoluta independencia y estructura propia, explicó César Saldaña, director del Consejo Regulador, quien aclaró que la nueva normativa supone un vuelco completo en la certificación de los productos de calidad, tanto los de las indicaciones geográficas como los de Denominaciones de Origen.

"La mayoría de las empresas cumplen los requisitos y hoy se ha aprobado el envío de las certificación", indicó Saldaña, quien puntualizó que "hay otras en el proceso y otras que ni cumplen ni van a cumplir", de ahí la decisión de darlas de baja en el registro.

Tras la presentación del nuevo órgano de certificación, los responsables del Consejo informaron a los vocales del pleno de la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso interpuesto contra la primera de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, la multa de 400.000 euros que la Audiencia Nacional rebajó a 100.000 y a la que tendrá que hacer frente la institución en el presente ejercicio.