Comité de empresa y junta de personal del Ayuntamiento de Jerez remitieron en la mañana de ayer un comunicado interno al personal en el que se anuncia que van a remitir un escrito a la alcaldesa, María José García-Pelayo, exigiendo que se "rompa" el convenio con Diputación para la gestión de la recaudación tributaria local. Dicho convenio, que cumple ahora cuatro años de vigencia, tiene estrangulada totalmente la liquidez municipal debido a las diferentes tomas de razón a largo plazo que pactó el anterior equipo de gobierno con la institución provincial para garantizar el pago, principalmente, a la banca y Urbaser, la concesionaria de la limpieza viaria. A la vista de que los ingresos por impuestos y tasas que recauda el Ayuntamiento están comprometidos en un 75% de media hasta 2022, Pelayo ha intentado renegociar en las últimas semanas los acuerdos para obtener liquidez, aunque, como adelantó en su edición de ayer este medio, con escaso éxito. Una noticia que causó ayer un enorme revuelo en los pasillos del Consistorio, pues se une a la negativa de los bancos y cajas para conceder el préstamo de 10 millones de inicio de legislatura, y al rechazo de la Agencia Tributaria a 'liberar' parte de los fondos que debería ingresar el Ayuntamiento en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Ante el desolador panorama que deja el fracaso de estas tres importantes operaciones financieras en las que está inmerso el gobierno local, la plantilla municipal ha decidido ir más allá y lo que le reclama ahora al equipo que preside García-Pelayo es que "rompa de forma unilateral esos acuerdos". "Pedimos -abundan en el citado comunicado- que la recaudación vuelva a hacerla directamente Jereyssa, como siempre, y nos desvinculemos sí o sí de las tomas de razón firmadas que nos asfixian, como en su día nos dijo la alcaldesa". "Es decir, aunque no haya acuerdo con los poseedores de las toma de razón, incumplirlas unilateralmente", reza la misiva remitida por comité y junta de personal a la plantilla del Consistorio y a la que ha tenido acceso este medio.

Al mismo tiempo, los representantes de los trabajadores también explican que se están valorando diferentes acciones jurídicas para reclamar los salarios impagados. "Queremos inundar Recursos Humanos y, si hace falta, los Juzgados con nuestras reclamaciones. Estamos elaborando un modelo de reclamaciones previas por impagos e incumplimientos de convenio para que la plantilla lo pueda utilizar", expone la nota informativa, en la que también se comunica al personal la idea de demandar al Ayuntamiento por los retrasos continuados que, a su vez, están cosiendo al personal a intereses financieros al no poder hacer frente en tiempo y forma, por ejemplo, a sus préstamos hipotecarios y a todo tipo de facturas. "Estudiamos las posibilidades jurídicas de demandar para poder solicitar el 10% de intereses de mora que establece el Estatuto (de los Trabajadores) cuando no nos pagan o se retrasan en los pagos", argumentan desde el comité y la junta de personal, que también informan de la serie de medidas reivindicativas que desde mañana jueves van a poner en marcha para presionar al gobierno del PP para hallar soluciones ante la crítica situación de un Ayuntamiento totalmente colapsado económicamente.

Hoy está previsto que continúen las asambleas informativas 'espontáneas' en diferentes centros de trabajo municipales y para mañana jueves habrá una manifestación-concentración de la plantilla que pretende colapsar el centro de la ciudad entre las diez y las once de la mañana. Igualmente, también se indica en el mencionado comunicado que "aunque hay acuerdo, se sigue valorando que en el próximo pleno municipal hagamos alguna movilización, teniendo que ir estudiando cómo hacerla en la manera de lo posible, de forma pacífica y sin actuación policial".

A todo esto, fuentes del gobierno municipal descartaron ayer ofrecer valoraciones públicas sobre la última hora de las gestiones que se están realizando para salir de la situación crítica en la que se encuentran las arcas municipales y, en consecuencia, los 2.500 trabajadores del Consistorio y los empleados de las concesionarias. "Seguimos trabajando pero no vamos a estar reportando todas las gestiones", se limitaron a mantener dichas fuentes.