La huelga de las empleadas de Limasa, la concesionaria del servicio municipal de limpieza del Ayuntamiento de Jerez  ha dejado hoy sin colegio a 4.200 escolares de diez centros y ha llevado a la Junta de Andalucía a requerir formalmente al Ayuntamiento que cumpla sus obligaciones.

Mientras crecen las consecuencias de una huelga que ha llevado al cierre total o parcial de diez colegios, el Ayuntamiento de Jerez, que debe más de diez millones de euros a Limasa, y la Junta de Andalucía se han cruzado hoy acusaciones y requerimientos.

Así, el consejero de Educación, Francisco Alvarez de la Chica, ha remitido hoy al Ayuntamiento de Jerez una orden en la que requiere al consistorio que "proceda lo antes posible, y en todo caso, en el plazo máximo de un mes, al cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y conservación de los centros públicos de educación infantil y primaria".

La orden añade que "si transcurrido dicho plazo, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local".

La Delegación Provincial de Educación ha explicado en un comunicado que "con la presentación de este requerimiento, se ha cumplido rigurosamente la legislación vigente dentro, además, de un respeto escrupuloso a la lealtad institucional".

Una actitud que ha mantenido "durante todos los días que dura el conflicto" una vez que, el pasado viernes, la delegada de Educación, Blanca Alcántara, se dirigió por escrito a la alcaldesa de Jerez, la popular María José García-Pelayo, para solicitarle que adoptara las medidas necesarias para solucionar una protesta que afecta a 14.000 alumnos de 47 centros de Infantil y Primaria.

Las inspecciones de Educación y Salud han constatado que "en un gran número de centros educativos de Jerez no se reúnen las condiciones higiénicas necesarias para el ejercicio de la actividad docente" por lo que, de forma paralela a la suspensión de la docencia en esos centros, se ha tomado la determinación de que el consejero requiera al Ayuntamiento la solución del conflicto, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local.

Por su parte, García-Pelayo ha anunciado hoy que la empresa tiene intención de abonar una de las nóminas que adeuda a las trabajadoras "entre mañana viernes y el próximo miércoles" y ha solicitado un "gesto de buena voluntad".

El compromiso de la empresa se produce, según la alcaldesa, después de haber tenido conocimiento de la certificación de pago de la deuda del Ayuntamiento gracias a la línea de crédito abierta por el Ministerio de Hacienda a través del ICO.

La alcaldesa popular ha criticado la "incoherencia" de la Junta de Andalucía porque la Consejería de Educación "dice que los colegios no están limpios" cuando hace apenas unas semanas la de Empleo consideró "más que suficientes" los servicios mínimos que había decretado, mientras que la autoridad laboral provincial ha informado de que los servicios mínimos los establece la legislación.

Sin embargo, García-Pelayo ha acusado a la Junta de no haber actuado "con toda la buena fe" en un conflicto que afecta "a colegios y a menores" y ha expresado su deseo de que, una vez que pasen las elecciones autonómicas, "todo se normalice un poco más".

La huelga de las trabajadoras de Limasa, la cuarta protesta que realizan en lo que va de curso, es uno más de los conflictos laborales de empleados municipales o de concesionarias que se suceden en esta localidad que tiene una deuda a proveedores de un total de 328,2 millones de euros

También está en huelga el servicio de transporte urbano, el de transporte a las pedanías que lleva Linesur y que no cumplen los servicios mínimos porque la empresa no puede pagar el combustible.

Asimismo mantienen movilizaciones las trabajadoras de Acasa, que presta el servicio de ayuda a domicilio, y UTE Jerez, que se ocupa del alumbrado público y cuyos trabajadores, que aseguran que 9.000 puntos de la ciudad no están funcionando por falta de material, han convocado una huelga a partir del lunes 26.