"Por fin los andaluces somos los primeros en algo". Melchor López, uno de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, habla en voz alta mientras que los cuatro pioneros en solicitar el expediente de expropiación de sus viviendas rellenan el formulario en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en la plaza de Asdrúbal de Cádiz. Son cuatro familias jerezanas que han aprovechado la entrada en vigor ayer mismo del decreto-ley sobre la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.

Las familias y otros miembros de la plataforma fueron recibidos ayer por el delegado provincial de Vivienda, Manuel Cárdenas (IU) en un acto que causó mucha expectación entre los medios: "Con esto lo que hacemos es garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna".

Entre los cuatro casos está la de una pareja que ya sufrió un desahucio en enero, la de una mujer a la que se le suspendió el alzamiento el pasado lunes debido a la actuación de la plataforma y otro al que le aplicaron "un desahucio exprés". Manuel Cárdenas se mostró muy satisfecho con el inicio de estos procesos "y lo que debemos es quedarnos con los rostros de enorme alegría que contrasta con la lipotimia que sufrió Dolores el lunes cuando iba a ser desahuciada el lunes".

Ahora se inicia "un proceso garantista" con un trámite que sigue cualquier proceso expropiatorio con la salvedad de que no se le quita la propiedad a las entidades bancarias sino su uso durante tres años para que durante ese período estas familias "no tengan que preocuparse de la posibilidad de un alzamiento y puedan centrarse en resolver sus problemas de empleo".

Una vez que el proceso avance se calculará el justiprecio que se debe pagar por esos tres años con dos premisas: que nunca se supere el valor de la expropiación y que lo que pague el inquilino nunca supere el 25% de sus ingresos. Si no tiene ninguno, no abonará nada.

Esto tiene una parte importante y es que mientras que no se resuelve el trámite de expropiación se suspenden todos los procedimientos judiciales con repecto a estas viviendas.

En el año 2012 sólo en la provincia de Cádiz se han producido 2.093 casos de desahucio, mientras que en los cinco últimos años se han superado los 10.000, "lo que da una idea de la magnitud del problema".

Según los cálculos de la Junta, casi 200 familias andaluzas podrían beneficiarse en una primera fase de la expropiación temporal del uso de la vivienda, ya que son las que hasta ahora han demandado protección contra los desahucios en las oficinas abiertas por la Consejería de Vivienda  desde octubre.

Lorenzo Barba, presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca y uno de los firmantes ayer calificó la iniciativa que se produjo ayer como "una alegría para las familias. Es muy duro todo lo que estamos pasando y sobre todo por nuestros hijos".

Asimismo, hizo hincapié en que las medidas que se habían aprobado hasta ahora por el Gobierno central "hasta el día de hoy no han servido para nada, es más, en mi caso para que en menos de nueve meses se haya subastado mi vivienda a través de la aplicación de un desahucio exprés".

LOS AFECTADOS

María Dolores Bermejo: El lunes su desahucio se paralizó y ahora solicita la expropiación.

El lunes esperaba en su casa a la llegada de la comitiva judicial para ser desahuciada. Después de que se impidiera su salida, tan sólo cinco días después se le abre una ventana de esperanza. Camarera en paro y con una hija de 12 años, percibe al mes 367 euros y la hipoteca de su piso en la plaza de La Vid le costaba 600. Todavía emocionada recuerda el momento en el que se iba a producir el desahucio: "No se lo deseo ni al peor de mis enemigos".

F. J. Armida y D. Arias: La pareja perdió su vivienda el 18 de enero al ejecutarse el desahucio.

El 18 de enero se ejecutó el alzamiento dela vivienda de esta pareja con dos hijos gemelos de seis años en el Paseo de las Delicias de Jerez. De momento viven en un piso que tenía su madre "de prestados". Francisco Javier es alicatador en paro desde hace tres años y cobra 426 euros. Su desahucio fue pacífico ya que no esperó a que llegara la comisión judicial para ahorrarle un mal trago a los hijos. Entregó su vivienda y aún debe 75.000 euros al banco.

Lorenzo Barba: El banco le reclama 15.000 euros entre abogados e intereses.

Vive en San Telmo desde 2005 y tiene un hijo de 7 años. Es transportista autónomo pero desde hace dos años está en el paro sin percibir ningún ingreso. Le quedaban  67.000 euros para terminar de pagar el piso y trató de llegar a un acuerdo con el banco a razón de 200 euros al mes, pero se negaron. El banco la subastó por 75.000 y aún así le piden 15.000 euros entre costas y los intereses de demora "a un 20%".

Marco Vega Ortiz: Lleva un año y medio sin trabajo y una hipoteca de 90.000 euros.

Su proceso es el que va un poco más retrasado de los cuatro. Su último trabajo fue hace más de un año y medio en las canalizaciones de gas. Entre él y su pareja no reciben más de 600 euros y tienen dos hijos de 7 y 1 años. La hipoteca que le queda es de más de 90.000 euros para su vivienda de la barriada de Las Torres. Ahora asegura que tiene "un respiro y algo de tranquilidad, sobre todo por mis hijos".