Jerez

La juez pide que también se juzgue a Pacheco por el 'caso Huertos de Ocio'

  • Considera que su actuación puede ser constitutiva de presuntos delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ha dictado que se celebre juicio por el caso conocido popularmente como de los 'Huertos de Ocio', en el que los beneficiarios de estos terrenos demandaron el desalojo que sufrieron por parte de la Policía Local de Jerez en tiempos de Pedro Pacheco por la venta de los mismos a una empresa inmobiliaria.

Según se desprende del referido auto judicial, dictado por la juez Soledad Velázquez, "de las diligencias practicadas, incluyendo entre las mismas las declaraciones testificales, la documental aportada y los informes periciales practicados, resulta la existencia de indicios suficientes de que el imputado Pedro Pacheco Herrera, entre enero y mayo de 2003 cuando era alcalde de la ciudad de Jerez y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se concertó con José Antonio Monreal Rodríguez para beneficiar de manera arbitraria a su empresa Xera Promociones SA con bienes públicos en perjuicio económico del Ayuntamiento de Jerez, con la finalidad de transmitirle una parcela en la zona de San José Obrero que había sido recalificada previamente".

Las presuntas deficiencias observadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 son, cuando menos, demoledoras. Así, según entiende la magistrada juez, el plan de beneficiar a esta empresa a expensas del patrimonio público de todos los jerezanos se hizo "con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública en perjuicio del interés general".En esta línea, apunta la juez que en todo este asunto en torno a los terrenos de los 'Huertos de Ocio' se evitó siempre "la concurrencia, licitación o intervención de terceros en términos de igualdad y, por tanto, impidiendo a éstos la posibilidad de obtener el contrato". Dicho de otra forma: se cuidó mucho que ninguna tercera persona o empresa pudiera acceder a la compra de los terrenos. Igualmente considera que todo ello se hizo "con grave perjuicio al patrimonio público al enajenar un inmueble percibiéndose un precio considerablemente inferior al de 1.650.862 euros que le correspondía por su valor de mercado". Al final se pagó poco más de 600.000 euros, es decir, un millón menos.

A la hora de relatar los hechos la magistrada pormenoriza que "los imputados Pedro Pacheco Herrera y José Antonio Monreal Rodríguez, de común acuerdo y guiados por el ánimo de favorecer a la entidad mercantil Xera Promociones SA en el proceso de enajenación de la finca, realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para que, con un valor aproximado de mercado de aproximadamente 1.650.862 euros fuese adjudicada a la referida empresa y para que además lo fuera por un precio notablemente inferior a su valor real, concretamente por la cantidad de 610.027,28 euros". "Para conseguir dichos propósitos, relata el auto judicial, Pedro Pacheco se aprovechó de la posición que le conferían los cargos que ocupaba de alcalde y presidente de la Administración de la GMU y con la finalidad antes indicada idearon, prepararon y desarrollaron las actividades administrativas necesarias para dirigir el procedimiento administrativo de permuta de forma tal que la adjudicataria resultase ser la mercantil Xera Promociones SA y que el precio de adjudicación fuese rebajado y previamente acordado con dicha compañía".

Insiste la autoridad judicial en que "en la tramitación del expediente infringieron de forma deliberada y manifiesta diversas normas y de manera injustificada se apartaron del interés público, huyendo del procedimiento de subasta pública, como procedimiento base para la transmisión de bienes, con la única finalidad de a través de una permuta, en la que no concurrían los requisitos legales para que se siguiese, poder trasmitir el bien a favor de Xera Promociones y por precio inferior al de mercado".

Según Soledad Velázquez, juez titular del Juzgado de Instrucción número 2, el referido proceso administrativo de permuta estuvo supervisado en todo momento por Luis Cruz de Sola (gerente por entonces de la Gerencia Municipal de Urbanismo) y los letrados adscritos a la referida GMU Fernando Núñez y Oscar Real.

Los hechos en cuestión hacen sospechar a la autoridad judicial que se han podido perpetrar delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Los imputados son los referidos Pedro Pacheco, José Antonio Monreal, Luis Cruz y los dos mencionados abogados de la Gerencia de Urbanismo. La investigación sobre las restantes personas no han deparado responsabilidad alguna. Son los casos concretos de Bernardo Villar, Francisco Lebrero, Vicente Bitaubé, Luis Barrera, Angel Monreal, Juan Torreira, Antonia Asencio y Cornelio Vela. De esta forma, se da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que éste formule escrito de acusación y se dicta la apertura de juicio oral.

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