La Fiscalía Anticorrupción agravó ayer los cargos que pesan contra Pilar Sánchez en el juicio que se celebra en su contra en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez. En el momento de elevar a definitivas sus tesis, el representante del ministerio público, Manuel L. Arjona, solicitó para la exregidora socialista de la ciudad 3 años de prisión, 12 años de inhabilitación y el pago de una astronómica multa de 8,6 millones de euros. Todo ello parte de la adición de un presunto delito de prevaricación continuada al fraude de subvenciones del que la acusa por desviar fondos del Plan E al pago de nóminas de la plantilla municipal. Los 12 años de inhabilitación especial (nueve por la prevaricación y tres por fraude de subvenciones) supondrían para esta política la imposibilidad de desempeñar cargos electos a nivel local, provincial, autonómico y estatal, si bien podría seguir trabajando en el seno de las administraciones. 

Una vez solicitadas estas penas, Juan Manuel Montes, abogado de Pilar Sánchez, denunció al tribunal el estado de indefensión en que quedaba la exalcaldesa ya que hasta ese preciso momento la prevaricación, que se había caído de los cargos, resurgía con fuerza a última hora. El juicio, por tanto, quedó suspendido a la espera de dar tiempo a la defensa de Pilar Sánchez a prepararse.

Los referidos acontecimientos de última hora pusieron a disposición de la defensa de Pilar Sánchez la posibilidad de llamar testigos a declarar de nuevo. La acusación de prevaricación continuada (dictar una resolución a sabiendas de que es irregular) provocó que Juan Manuel Montes solicitara a la sala que el próximo martes vuelvan a declarar los dos funcionarios sobre los que recae el debate legal de dicha presunta prevaricación. Se trata en concreto del interventor y el tesorero municipales, que, según declararon en la sesión celebrada el pasado martes, advirtieron a Pilar Sánchez de que el dinero del Plan E debía ser destinado a obras y no al pago de nóminas. Obviamente, los esfuerzos del letrado se encaminarán a desmenuzar dichas declaraciones, de la que se desprendió incluso que ambos hicieron advertencias de carácter administrativo pero no penal, motivo precisamente por el que la exregidora se sienta ahora en el banquillo de los acusados.

Una vez testifiquen ambos funcionarios  las partes leerán sus informes y elevarán a definitivas sus conclusiones, quedando —entonces sí— el juicio visto para sentencia.

Buscar un hueco en la agenda de la magistrada juez María del Mar Delgado, titular del referido Juzgado de lo Penal, no fue nada fácil, pues el trabajo en la sala de vistas es constante. Tras barajarse la posibilidad de celebrar la última sesión el próximo lunes se decidió finalmente que el juicio por el caso del desvío de fondos  se cierre el martes 17 de junio.

 En la vista de este miércoles también ha declarado un aparejador externo encargado de la dirección de la obra de la Escuela Oficial de Idiomas, quien destacó que la “paralización” de los trabajos se debió a que “las empresas no cobraban”. 

 De otro lado, cabe destacar que ayer pasaron por el estrado los penúltimos testigos. Se trató del director del Área de Protección y Patrimonio del Ayuntamiento, que dijo desconocer cómo usaba el Ayuntamiento la cuenta restringida de los fondos del Plan E, así como que a los contratistas se les decía que “no había problemas y que más tarde o temprano cobrarían” así como que los impagos estaban en boca de todos los empresarios de las obras del Plan. 

La última declaración fue la de una abogada municipal a la que Pilar Sánchez nombró directora de la unidad administrativa creada para licitar los fondos de los distintos planes de inversión. Según dijo a excepción del proyecto del Museo de Lola Flores, “todo se adjudicó” y “todas las obras se pagaron hasta julio de 2011”, coincidiendo con la llegada del nuevo gobierno local del PP.