Recortes, retrasos y estrategia común. Estas fueron las principales palabras que utilizó ayer la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, para denunciar la actitud de la Junta de Andalucía en materia de política social y explicar los pasos a seguir por el Ayuntamiento. La edil popular recordó que "desde el año 2005 la Junta viene recortando en distintos programas, y es curioso que desde el año 2011 y, pese a la situación que están viviendo numerosos colectivos y familias jerezanas, se siguen produciendo los recortes, ante los que este Ayuntamiento no puede permanecer impasible". De esta forma, Paredes informó de que "vamos a establecer una estrategia común para exigir que se cumplan con los programas y los distintos convenios que la Junta de Andalucía tiene con este Ayuntamiento".

La delegada señaló que durante el pasado año "este Consistorio ha pagado 8,8 millones de euros en políticas sociales. Se han destinado 1,2 millones a ayudas sociales periódicas; 714.265 euros a ayudas de emergencia a familias; 70.352 euros para teleasistencia domiciliaria; 149.971,94 euros para compensación de deudas de vivienda; 252.497 euros para compensación de deudas de agua; 311.796 a otras necesidades básicas y 896.991 euros para complementación de la Ley de Dependencia". En la otra cara de la 'moneda', la Administración andaluza, "que recortó en 2012 un 48,41% las transferencias que realizaba al Ayuntamiento en materia de dependencia para el personal. Percibíamos 354.000 euros y en estos momentos hemos llegado a percibir, 171.000 euros menos, es decir, prácticamente la mitad", denunció la delegada.

Paredes explicó las líneas principales de la estrategia común que persigue, entre otros puntos, el establecimiento de un calendario de pagos para abonar las deudas pendientes con los ayuntamientos. Además, solicitan a la Junta que se garanticen los programas y proyectos sociales que se desarrollan en el Ayuntamiento; agilizar la ejecución del plan de cooperación municipal, "especialmente de las transferencias condicionadas con la finalidad de que los consistorios no tengan que anticipar el dinero de las acciones a realizar"; agilizar la tramitación de concesión del salario social; mejorar la gestión de la Ley de Dependencia; convenios plurianuales con los ayuntamientos y las diputaciones en materia de drogodependencia e inmigración; y la creación de un fondo de emergencia social destinado a las corporaciones locales.

"Nos parece vergonzoso que la Junta destine con el nuevo decreto 55.000 euros para suministros vitales como luz y agua, cuando tan sólo en ayuda para el suministro de agua este Ayuntamiento ha incrementado sus aportaciones un 256,21%, es decir que solamente en agua, la Junta no cubre ni una cuarta parte de lo que este Ayuntamiento paga", remarcó Paredes. Esta respuesta municipal ha sido posible, según reiteró la delegada, "a un arduo trabajo de fondo. Se han ampliado los periodos para la bonificaciones y hemos hechos campañas informativas y, sobre todo, se ha trabajado de manera eficaz con el convenio en red que pusimos en marcha desde el primer día".

La concejal volvió a poner en valor el trabajo del Consistorio al declarar que "estamos demostrando, día a día, que nuestra prioridad es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que implica un esfuerzo permanente en nuestras políticas sociales asignando las partidas presupuestarias y ejecutándolas de acuerdo con lo contemplado".

Por último, y tras solicitar tanto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel, reuniones para abordar este escenario social, Paredes anunció que el grupo popular en el Parlamento de Andalucía va a llevar un Proyecto de Ley de Inclusión Social al próximo periodo de sesiones, en el que, entre otras cosas, va a solicitar la renta básica "como derecho subjetivo y estatutario, porque se contempla como derecho social en el Estatuto de Andalucía, pero ahora mismo no existe".