El plan del viñedo de Jerez estaba condenado al fracaso antes incluso de nacer. Pero una vez descartado el proyecto por no tener encaje legal bajo la figura de un plan especial, la Junta y el Ayuntamiento ofrecieron ayer una nueva demostración pública de su incapacidad para ponerse de acuerdo en nada por mucho que medie el interés general y que coincidan en el fondo, en este caso, los beneficios de impulsar la diversificación económica del viñedo de Jerez.

La reunión político-técnica para buscar una solución al plan especial del viñedo puso ayer de manifiesto las diferencias que existen entre los responsables autonómicos y municipales -o lo que es lo mismo, entre el PSOE y el PP- a la hora de interpretar una misma realidad y, en consecuencia, de adoptar medidas para salvar cualquier escollo administrativo que se encuentren en el camino.

He aquí un resumen de las versiones encontradas sobre el contenido de la reunión que ofrecieron ayer el delegado territorial de Agricultura y Ordenación del Territorio, Federico Fernández, y la alcaldesa, María José García-Pelayo, en una rueda de prensa plagada de interrupciones mutuas y en la que la regidora jerezana pidió disculpas al responsable de la Junta después de descalificarlo en público.

En líneas generales, Ayuntamiento y Junta coinciden en el fondo, pero difieren por completo en las formas. El plan del viñedo fue concebido como una solución integral para unos 1.500 viticultores que ocupan casi 6.000 hectáreas de viñedo dentro del término municipal de Jerez. La idea era agilizar los plazos y el coste de la tramitación administrativa para el desarrollo de los proyectos vinculados al enoturismo que presentaran los titulares de las viñas. El plan especial, en este sentido, contemplaba en su primera fase la supresión del requisito legal de solicitar el proyecto de actuación previo a la concesión de la licencia urbanística. Dicho de otra forma, el plan servía de paraguas a los titulares de viñas del término municipal a los que se ahorraba así un trámite individual de obligado cumplimiento que, según los técnicos de la Junta, tarda tres meses en resolverse, pero para el que no existen alternativas de carácter colectivo. Es decir, la ley exige que cada viticultor presente su proyecto de actuación antes de recibir la licencia oportuna sin que exista ninguna opción que ofrezca cobertura legal para hacerlo colectivamente. Lo más llamativo de todo es que la Junta y el Ayuntamiento han empleado ya en su enfrentamiento tanto tiempo como el que prevé la ley para la resolución de este trámite, si bien la alcaldesa sostiene que el plan también suponía un importante ahorro en los costes de la tramitación, además de las ventajas previstas en las siguientes fases de ejecución para mejorar las infraestructuras -conexión de luz y agua- en las viñas y promocionar conjuntamente la nueva oferta enoturística bajo la marca Jerez.

Ahora bien, mientras el gobierno local considera que el problema está en la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza (LOUA), que la alcaldesa, María José García-Pelayo insta a modificar porque no puede entender que una norma ponga "cortapisas" al desarrollo económico en un proyecto de interés general, la Junta de Andalucía cree que hay otros caminos por explorar para acercarse a los objetivos básicos del plan.

Entre los instrumentos legales que la administración local tiene a su alcance para agilizar el proceso y abaratar sus costes, Federico Fernández citó las ordenanzas municipales, que en cualquier caso dejó claro que pueden ofrecer una solución individual a corto plazo pero nunca colectiva como proponía el plan. Y entre las herramientas de que dispone la Junta, el delegado territorial aludió a la próxima revisión del Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz y a los planes de desarrollo rural, en los que existen líneas de ayudas a las que pueden acogerse los viñistas para el desarrollo de este tipo de proyectos.

La alcaldesa, sin embargo, aseguró que las posibles alternativas en las que los técnicos de una y otra administración seguirán trabajando en próximas reuniones, no resuelven el problema de fondo, por lo que "cualquier cosa que se haga, y algo se hará aunque sea por vergüenza torera, será un sucedáneo del plan, una solución descafeinada que nunca podrá igualar o acercarse a las ventajas que ofrecía el plan especial".

Por tanto, la regidora jerezana aseguró que "la Junta ha firmado el parte de defunción del plan, que es mucho más que un proyecto para agilizar los plazos". "El plan plantea un tratamiento integral de esa zona, y eso es lo que se pierde, porque ahora los viñistas tendrán que emplear más tiempo para hacer lo mismo, dar veinte mil vueltas y mover veinte mil papeles costándole mucho más porque cada uno tendrá que tramitar su proyecto de actuación específico", significó Pelayo, quien puntualizó que "nosotros queríamos por rapidez que todos estén dentro de un proyecto de ejecución en lugar de tener que hacer 1.500 individuales y que echan para atrás a muchos posibles emprendedores que no saben qué se van a encontrar".

Y vuelta a empezar. El delegado de Agricultura insistió en que "el problema del plan especial es una cuestión jurídica insalvable", si bien admitió que es un "asunto de enorme interés para las dos administraciones", en cuyo ánimo está "dar respuesta satisfactoria al sector", por lo que abogó por "hacer cuantas relecturas sean necesarias de la ley para buscar una solución a corto plazo para el objetivo principal del Plan del Viñedo". Y su ofrecimiento al Ayuntamiento, en este sentido, es que "abramos todo lo posible el abanico que tenemos para además de resolver el tema urbanístico, hacer que el sector de la viña se sienta apoyado".

En su réplica, y al objeto de "no generar falsas expectativas", la alcaldesa subrayó que "la Junta de Andalucía, y entiendo que a su pesar porque no creo que haya inquina en este tema, ha firmado el certificado de defunción al plan del viñedo. Y de las reuniones saldrá lo que salga y nosotros nos vamos a seguir reuniendo siempre que haya posibilidad de trabajar juntos por el viñedo, pero lo que salga en ningún caso se parecerá a lo que el Ayuntamiento había planteado".

Según Pelayo, "las alternativas que se nos plantean no tienen nada que ver con lo que nosotros buscamos y se pone de manifiesto que hay una ley andaluza que impide que estos proyectos se desarrollen y si todos estamos de acuerdo en que estas iniciativas son buenas, ¿por qué no se cambia la ley?, ¿cómo podemos tener leyes que frenen el desarrollo de nuestro campo, que impidan la fijación al territorio con iniciativas que sirven para complementar las rentas del sector agrario?".

Pelayo y Fernández insistieron en su mensaje en sus sucesivas intervenciones hasta el turno de preguntas, en el que el delegado de Agricultura dijo haber tomado "buena nota para elevar a la Consejería que sería bueno que haya una serie de ámbitos y de iniciativas que se consideraran a nivel regional. Aquí no hay nada intocable, al revés, tenemos que estar muy atentos para corregir aquellos elementos de la normativa que se puedan mejorar, pero el problema no está en la ley autonómica, sino en la municipal".

Dicho esto, el delegado pidió centrar los esfuerzos, no tanto en modificar una ley, sino "en encontrar soluciones para mejorar la situación aunque no sean la panacea", a lo que la alcaldesa replicó que "es una pena, porque el plan especial del viñedo era la panacea", por lo que ante la imposibilidad de ponerlo en práctica apostilló que "y así vamos".

Está claro que dos no se entienden si uno no quiere. Y en este caso ninguno de los dos quiere.