El Ayuntamiento y la Junta han firmado esta semana un acuerdo por el que Jerez se adhiere a la nueva orden del Gobierno andaluz por la que se subvenciona hasta un 75% el alquiler de viviendas de protección oficial (VPO) a inquilinos en situación de especial vulnerabilidad. El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, estimó ayer que unas 2.000 familias jerezanas podrían beneficiarse de estas ayudas y manifestó que ya no hay excusas "para que el Ayuntamiento ponga todas las viviendas que no están ocupadas al día de hoy al servicio de las familias que no tienen vivienda, porque con este convenio tienen garantizado que la Junta de Andalucía pueda pagar hasta el 75% de la renta". Destacó además que estas ayudas sean para alquiler de promociones públicas, "para poner de manifiesto el valor y la importancia que la acción pública debe tener en políticas de vivienda. La columna vertebral de la política de vivienda de la Junta es garantizar este derecho a las familias. Hemos dado muestras más que sobradas de que eso es así y con esta orden damos un paso más".

La convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros para este año, según explicó Cárdenas, y los beneficiarios serán las familias sin recursos, aunque a través de un sistema que permita que esa ayuda se destine exclusivamente a los gastos de vivienda. Junto con Jerez, en la provincia ya son ocho los municipios que se han adherido a esta medida y 17 en el conjunto de Andalucía. "Casi la mitad de los municipios son gaditanos, lo que demuestra la gran aceptación de la medida en la provincia", señaló Cárdenas, agregando que en el caso de Jerez tiene una especial relevancia, ya que el parque público de VPO es bastante amplio. "No solo hablamos de las que tiene el Ayuntamiento de Jerez sino también de las que tiene la Junta, unas 800. En total cerca de 2.000 familias se pueden ver beneficiadas por estas ayudas". Manifestó además, aunque sin dar cifras, que "son muchas las viviendas protegidas terminadas y cerradas sin ocuparse. Creo que esta medida hace posible que se ocupen, porque ya no hay una razón económica". Respecto a los pisos vacíos, matizó que sólo en casos puntuales son propiedad de la Junta, "porque de hecho nosotros hicimos el año pasado un plan para que no hubiese una vivienda de VPO propiedad de la Junta que estuviese vacía. En la provincia de Cádiz había 115 y en el mes de julio eran 98 las que ya se habían adjudicado. Es decir, eso ya lo estamos aplicando en la Junta".

La iniciativa, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas, establece como requisito que las administraciones, en este caso los ayuntamientos, rubriquen dicho acuerdo para convertirse en agentes colaboradores y poder así solicitar y destinar estas subvenciones a las personas con necesidad de vivienda.

Una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, el Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad, en concreto con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) -unos 11.200 euros netos-, que tienen dificultades para el abono del arrendamiento. La subvención, según aseguró el delegado territorial, garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar la renta no supere el 25% de sus ingresos familiares.

Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda y no tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble.

La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria.

El nuevo programa está financiado con fondos autonómicos y responde, según la Junta, "a la demora del Gobierno central para firmar el convenio de colaboración que implica el desarrollo del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, que permitiría disponer en la comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler".