El gobierno local insistió ayer en que no prevé readmitir a los despedidos por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) ejecutado en el Ayuntamiento en septiembre de 2012 en el caso de que la justicia declare la improcedencia de la medida. Fue una de las afirmaciones que la alcaldesa, María José García-Pelayo, transmitió ayer a un grupo de afectados y a representantes sindicales, que se han constituido recientemente en plataforma, en una tensa reunión celebrada en la mañana de ayer. A la salida del encuentro, que se desarrolló en la Delegación de Recursos Humanos, en la calle Caballeros, la regidora fue increpada por un grupo de ex trabajadores que se habían concentrado en el exterior.    

Una vez que el Tribunal Supremo respaldó el despido colectivo, buena parte de los afectados han recurrido a las demandas individuales. Así, estas ya han sido repartidas entre los tres juzgados de lo Social de la ciudad y están pendientes de señalarse las vistas orales, según explicaron fuentes sindicales. Sin embargo, ambas partes tienen claro que esta es una nueva batalla judicial llegará hasta el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). 

Son tres los escenarios que se pueden presentar a partir de ahora, que no tienen que ser iguales para los afectados. En aquellos casos que el despido se declare nulo, un extremo que las partes reconocen que es altamente improbable teniendo en cuenta que el despido colectivo ha sido ratificado por el Supremo, la readmisión del trabajador sería automática. 

Pero si se considera la improcedencia, sería el gobierno local quien tendría la potestad de decidir entre la readmisión o indemnizar al ex trabajador con 45 días por año trabajado. La alcaldesa comunicó ayer a los afectados que el Ayuntamiento “nunca podría asumir” el retorno de los despedidos porque “esto significaría volver a gastar 19 millones más en personal, algo que es inasumible, o habría que hacer otro ERE o subir los impuestos”. En esta misma línea, el portavoz municipal, Antonio Saldaña, indicó que el “criterio” que tiene previsto seguirse es que se opte por la indemnización. Mientras, la plataforma de afectados por el ERE y los sindicatos le reprocharon a Pelayo que señale que “agotará todas las instancias judiciales y recurrirá las sentencias que sean favorables” ya que entienden que es un “claro intento de prolongar el conflicto hasta después de las elecciones municipales”. El último escenario sería que los despidos se declararen procedentes, lo que ocasionaría que los afectados se quedarían con la indemnización que recibieron en septiembre de 2012 —20 días por año trabajado—.

En un comunicado, la alcaldesa insistió en que se adoptó esta decisión “dolorosa” debido a la situación financiera que arrastraba el Ayuntamiento. “Con una deuda superior a los 1.000 millones y con unos servicios públicos sumidos en el más absoluto caos, no nos podíamos quedar de brazos cruzados”, argumentó. Acto seguido, aseguró: “Si los anteriores gobiernos hubieran gestionado mirando con lupa cada euro que se gastaba no se tendría que haber llevado a cabo un ERE en este Ayuntamiento”. 

En cambio, tanto la plataforma como los sindicatos ATMJ, CCOO, UGTy CTP —que en la tarde de ayer emitieron una nota conjunta— le reprocharon a la alcaldesa su actitud “poco concilidadora y, por momentos, irrespetuosa” durante el encuentro y que no explicara “los criterios en la selección de los afectados”. Incluso, criticaron que en la reunión estuvieran presentes los escoltas que suelen acompañarla, un hecho que calificaron de “inaudito en este Ayuntamiento”.   Por ello, criticaron que la alcaldesa “haya dado un portazo a cualquier negociación previa a los juicios individuales”. También hicieron hincapié en denunciar los “20 millones de euros” destinados “en sobresueldos” al personal municipal —los sindicatos se han mostrado especialmente críticos con el reparto actual de algunos complementos como las productividades—.