El gobierno local justificó la decisión del Ayuntamiento de respaldar la petición de la Fiscalía de que la Audiencia Provincial rechace el recurso a la orden de ingreso en prisión presentado por el ex alcalde Pedro Pacheco señalando que no quieren ser un "elemento distorsionante" en el proceso judicial.

Por este motivo, el portavoz municipal, Antonio Saldaña, señaló que el escrito presentado por el abogado que defiende los intereses municipales, Juan Pedro Cosano -fue contratado por las empresas municipales Emusujesa y Speed Festival para que llevara la acusación particular en el proceso seguido contra el ex regidor- se limita a "adherirse a la petición del fiscal"; por lo tanto, se ha opuesto a que se deje sin validez la entrada en prisión.

Tal y como se conoció la pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que se decretara la suspensión del ingreso en prisión de Pacheco al entender, entre otros motivos, que existe un "alto riesgo de fuga" así como que aún tiene que hacer frente a otros procedimientos judiciales como el relacionado con las obras ejecutadas en la casa de hermandad del Rocío en Almonte o la venta de la antigua estación de autobuses. Asimismo, argumentaba que no debía haber "tolerancia" hacia los delitos cometidos por un cargo público dada su relevancia social. Ayer, Saldaña comentó: "No queremos influir en un sentido ni en otro por lo que seguimos manteniéndonos en lo que digan el fiscal y los jueces".

Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial la que tenga que resolver la petición realizada por la defensa de Pacheco. En el caso de que no prospere, el ex alcalde tiene previsto solicitar un indulto al Gobierno central y la correspondiente petición de que no se ejecute la condena mientras el Consejo de Ministros no resuelva la medida de gracia.

El Tribunal Supremo amplió a mediados del pasado mes la condena que había impuesto la Audiencia Provincial a Pedro Pacheco por la contratación de dos compañeros de partido -José López y Manuel Cobacho- a través de dos empresas municipales entre 2005 y 2007. La pena impuesta es de cinco años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.