Jerez

Unos 1.800 jerezanos reclaman la legalización de sus viviendas

  • Viven en hábitats rurales diseminados afectados por vías pecuarias y exigen una solución definitiva

En tierra de nadie. Así se encuentran unos 1.800 jerezanos que residen en barriadas rurales calificadas como 'hábitats rurales diseminados afectados por vías pecuarias'. Estos vecinos pagan impuestos, tienen colegios, les llega el autobús y disponen de servicios básicos como luz y agua. Sin embargo, sus viviendas son consideradas ilegales y esto les impide que puedan, por ejemplo, abrir un negocio o realizar mejoras en sus casas. La situación no es nueva, llevan décadas arrastrando esta problemática pero, hasta el momento, nadie les ha dado una solución definitiva.

Por estos motivos, los afectados se han unido y han puesto en marcha la 'Plataforma Ciudadana para la Regularización de los Hábitats Rurales Diseminados Afectados por Vías Pecuarias'. Un colectivo que pretende "ir más allá de unos siglas políticas". Tras su creación, los portavoces de la Plataforma se reunieron ayer con la alcaldesa María José García-Pelayo y otros miembros del gobierno municipal que le trasladaron su "apoyo firme" a sus reivindicaciones. Las competencias en el caso de las vías pecuarias, sin embargo, las tiene la Junta de Andalucía. Por ello, estos representantes de la zona rural anunciaron ayer que, como primer paso, realizarán una recogida de firmas (necesitan 40.000) para presentar una iniciativa legislativa popular en el Parlamento andaluz en la que se inste a la Administración andaluza "a modificar la normativa vigente y permitir la desafectación de la vía pecuaria sin el trazado alternativo o sin que se exija la integridad superficial de éste, permitiendo una solución técnica rápida: la huella pecuaria". Tras la comparecencia de ayer, la Plataforma realizará su presentación pública a partidos políticos y organizaciones sociales el próximo lunes 2 de febrero, a las 18 horas, en Cuartillos. Además, entre los actos que han previstos, está también una intervención en el próximo pleno municipal que se celebrará este viernes.

Ildefonso Roldán, portavoz y delegado de Alcaldía de La Guareña, recalcó ayer que "nos hemos constituidos en Plataforma por la problemática que tenemos en la zona rural. Lo hemos intentado de varias maneras y durante muchísimos años y nos vemos siempre con el problema de que no nos lo regularizan. Nos tachan de que no pagamos impuestos, pero no es así, se pagan impuestos". Por estos motivos, afirmó que se trata de "una reivindicación que hacemos de las viviendas históricas, hay muchas viviendas que cuentan con más de 50 años, y lo que nos topamos siempre es con el mismo problema de las vías pecuarias. Por ello pedimos que se nos dé una solución ya definitiva a este problema que llevamos sufriendo ya desde hace muchísimo tiempo".

La también portavoz y delegada de Alcaldía de Rajamancera, Susana Corredera, explicó que "otra de las causas por las que se forma esta Plataforma es para que dejen ya de tacharnos de domingueros, caraduras, usurpadores.. Nosotros estamos en un sitio que no es legal pero no es que nosotros no queramos, sino que son viviendas y asentamientos históricos que se crearon por la necesidad que tenía la zona en esos momentos. Tenemos viviendas de 50, de 60 años y de más". "Siempre que intentamos regularizar esta situación, nos topamos con una puerta que se nos cierra y cuando no es en un lado, es en otro", añadió Corredera, señalando que "lo que queremos realmente es tener un poquito de claridad y ahora vamos a por todas, todos juntos, unidos, todos a la vez y sin diferenciar siglas políticas". La delegada de Rajamancera lamentó que debido a la situación de sus barriadas rurales "el tema del crecimiento económico es nulo en nuestra zona, no se puede montar ningún establecimiento. Para comprar un litro de leche tenemos que desplazarnos 15 kilómetros. No podemos montar ni una simple tiendecita en la barriada".

En la comparecencia que realizaron ayer, junto a los delegados de Medio Rural y Urbanismo, Susana Sánchez y Agustín Muñoz, estuvieron presentes Corredera y Roldán así como Susana Bustos (Las Pachecas), Manuel Jurado (Gibalbín) y Francisco Javier Ruiz (Las Tablas) que reclamaron diálogo a la Junta de Andalucía "a través de la creación de una mesa técnica de trabajo donde participen técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, de Obras Públicas y del Ayuntamiento, mesa que se viene reclamando desde el año 2012, que incluso fue solicitada en pleno en febrero de 2014".

El delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, cifró ayer, según datos del PGOU, en unos 1.800 los vecinos afectados por este problema y en unas 521 las viviendas que tienen el "handicap de estar sobre una cañada"; y recordó que otros hábitats rurales diseminados, que no tienen vía pecuaria, ya cuentan con Planes Especiales aprobados. En concreto, en el PGOU vigente figuran como hábitats rural diseminado con vías pecuarias: Cuartillo Oeste, Gibalbín, Las Tablas, Baldío Gallardo, El Mojo, Repastaderos-Las Pachecas, Puente de la Guareña y Rajamancera-Cañada del León. En este sentido, el delegado hizo hincapié en que el actual Reglamento de Vías Pecuarias de 1998 dice que de forma excepcional "la Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar previo estudio de cada supuesto, siempre que en los usos de los terrenos desafectados prevalezca el interés público o social. Pero la realidad es que cuando se presenta un caso concreto, como el Plan Especial del Puente de la Guareña, la Junta lo ha rechazado". Por ello, Agustín Muñoz defendió ayer la modificación de la actual ley "para ir más allá, porque ahora se da cierta arbitrariedad; se trata de establecer derechos de forma objetiva y que la desafectación no dependa de la voluntad política".

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